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México, CDMX, 02 de marzo de 2020. En fechas recientes, diputados federales del Partido Verde Ecologista de México, encabezados por su coordinador Arturo Escudero; así como algunos integrantes de la bancada de MORENA, revivieron la discusión sobre implementar reformas constitucionales y denunciar tratados internacionales a efecto de reinstaurar la pena de muerte en México.
De acuerdo a la exposición de motivos de la iniciativa planteada, la pena de muerte se aplicaría en casos de homicidio doloso y feminicidio de personas menores de 18 años, esto bajo la justificación de que podría ayudar a reducirla incidencia de dichos delitos. Señala también que, ante un sistema de justicia débil, existe la posibilidad de que quienes cometen los delitos señalados puedan recuperar su libertad o sigan delinquiendo al interior de los centros de reclusión.
En Reinserta descalificamos rotundamente la propuesta planteada, pues responde a un oportunismo político que lucra con el dolor de las víctimas de los sucesos tan crueles acontecidos en nuestro país. Se trata de un propuesta regresiva y discorde con la tendencia internacional sobre tutela de derechos humanos, pero más allá de eso, no es, de ningún modo una medida que prevenga y erradique la comisión de tan lesivos delitos.
Como evidencia de lo anterior, tenemos que impera un sistema punitivo en el que se pretende erradicar delitos de alto impacto mediante el endurecimiento de penas, encontrando penas de por vida para delitos como el secuestro y el homicidio, que hoy por hoy mantienen una tendencia al alza; dicho de otro modo, en nada ha mejorado el hecho de que se prevea una pena de hasta 140 años en prisión para el delito de secuestro o 50 años para el delito de homicidio.
Por otra parte, todo lo relativo a las penas y su imposición, pierde sentido ante las condiciones de impunidad que se viven en México, pues desde hace más de una década, se estima la cifra negra de los delitos por encima del 90% y existen Estados, como Guerrero, en los que solo se investiga y enjuicia 1 de cada 500 conductas delictivas cometidas. Así, los esfuerzos institucionales en este país deberían centrarse en implementar medidas que fortalezcan las capacidades de las instituciones de procuración e impartición de justicia.
No obstante lo anterior, no hay que perder de vista que la función de mejorar la seguridad en México, no debe recaer en el sistema de justicia, pues se necesitan políticas públicas integrales y medibles en materia de prevención y reinserción con un enfoque de construcción de paz.
