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La experiencia del Poder Judicial del Estado en los procesos orales familiares y mercantiles será un respaldo ante la reforma laboral que se avecina, afirmó el Magistrado del Tribunal Superior de Justicia Jorge Rivero Evia, durante la primera sesión del curso “El nuevo procedimiento del trabajo” que inició el pasado 7 de agosto en la sede del Poder Judicial en esta ciudad de Mérida.
El magistrado señaló que el dictamen del Senado que pasa la resolución de conflictos laborales de los Poderes Ejecutivos a los Judiciales tanto a nivel federal como local, sigue un modelo de estructura procesal similar al de la oralidad mercantil o familiar que se aplica en Yucatán desde 2013.
“La tendencia nacional hacia la oralidad ha impactado al ámbito del derecho del trabajo. Si bien éste contempló desde sus orígenes una especie de oralidad procesal, siempre implicó una mera verbalización a través de una justicia de actas. El modelo que sigue el dictamen del Senado apunta hacia una estructura procesal similar al de la oralidad mercantil o familiar que ya aplicamos en el estado de Yucatán desde hace tiempo. Por tanto, la mutación de las juntas de conciliación y arbitraje a juzgados laborales tendrá un tránsito respaldado por la experiencia del Poder Judicial en el ritual procesal oral”.
El curso, que cuenta con la participación de 36 personas, tiene el objetivo de actualizar y sensibilizar a la comunidad jurídica en materia laboral, tendrá una duración de 20 horas efectivas divididas en los días 7, 14, 28 de agosto y 3 de septiembre en horario de 16:00 a 21:00 horas.
En las siguientes sesiones se abordará el análisis de los antecedentes y la reforma laboral publicada el 24 de febrero de 2017 en el Diario Oficial de la Federación publicada, así como una comparación entre el dictamen y la Ley Federal del Trabajo.
La reforma laboral plantea una transferencia al momento de impartir justicia en materia laboral, es decir, que las resoluciones producto de los conflictos o diferencias entre trabajadores y patrones estarán a cargo de los tribunales laborales de las entidades federativas o del Poder Judicial de la Federación, en el ámbito local y federal respectivamente, en sustitución de las Juntas de Conciliación y Arbitraje.
