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POr Francisco Garfias
Hoy hace cuatro años que el mundo nos colocó en el “cuadro de horror”. Normalistas de Ayotzinapa fueron perseguidos y atacados por policías municipales en Iguala, Guerrero. Ese día murieron nueve personas, hubo 17 heridos y 43 desaparecidos.
Pero también fue el fin del Mexican Moment y el inicio del declive del régimen de Enrique Peña Nieto. Dos meses después, Carmen Aristegui y su equipo le dieron la puntilla con el escándalo inmobiliario de la Casa Blanca.
A la fecha tenemos una “verdad histórica” sobre la desaparición de los 43 de Ayotzinapa que no avalan ni los familiares de las víctimas ni los “expertos” del famoso equipo del GIEI, que no aclaró nada, pero sí cobró un millón de dólares.
Esa “verdad histórica” dice que los municipales de Iguala entregaron a los normalistas a policías de otros municipios y a sicarios de la banda de Guerreros Unidos que los quemaron en el basurero de Cocula y arrojaron sus cenizas al río Santiago.
Tenemos también un exsecretario de Gobernación, Miguel Osorio, que recién dice que Ángel Heladio Aguirre, entonces gobernador de Guerrero, no tuvo nada que ver en el terrible episodio. Un poco tarde reconoció que buscaron detener al famoso José Luis Abarca, señalado como responsable, antes del caso Iguala. Lo acusaban de enriquecimiento ilícito, pero que se precipitaron los acontecimientos con los normalistas y el caso se diluyó.
Lo más grave que ha dicho el extitular de la Segob es que cuatro de los presuntos implicados en la “desaparición” de los 43 podrían salir libres muy pronto.
Los cuatro denuncian que los torturaron para confesar que son los autores de la desaparición de los normalistas y, por lo que sabemos, hay algo de cierto.
Están confesos, pero como dice el New York Times: “Si las confesiones fueron obtenidas por medio de tortura, como lo han documentado organizaciones internacionales, toda la indagatoria y sus conclusiones quedan viciadas”.
Buscamos a Iñaki Blanco, fiscal de Guerrero cuando se produjo el espeluznante ataque contra los normalistas, para que comentara las declaraciones de Osorio.
“Me parece grave que a cuatro años de distancia se den a conocer este tipo de revelaciones. Si tenían una investigación por determinar sobre enriquecimiento ilícito (de los Abarca), cabe preguntar por qué no actuaron.
“Ellos sí podían detenerlo. El fuero no era impedimento legal a nivel federal.
“Se privilegiaron los intereses políticos por encima de la aplicación del derecho en tiempo y forma”, dijo.
Y más: “durante cuatro años se generó y se fomentó la duda sobre la responsabilidad de Ángel Aguirre. Hoy salen a decirnos que no hubo participación alguna de su parte.
“Se han sembrado todo tipo de dudas o descalificaciones y, como consecuencia de ello, muchas personas han sido dañadas en su imagen y trayectoria”.
Iñaki recordó que hay datos que se desprenden de la intervención de comunicaciones llevadas a cabo por autoridades de Estados Unidos, en el sentido de que a los chavos de la Normal los confundieron con integrantes de la banda rival, Los Rojos, y que por eso los mataron.
“Eso y que los municipales de Iguala fueron quienes agredieron a los estudiantes de la Normal y que se coludieron con policías de otros municipios e integrantes de la Organización Guerreros Unidos es lo único que está probado.
“Lo demás son puras conjeturas”, puntualizó
Por cierto que en las rejas del Senado se colocaron las fotografías de los 43 estudiantes de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos como parte de la exposición fotográfica titulada Desaparición Forzada. “Es una muestra de respeto y solidaridad con las víctimas de Ayotzinapa”, escribió en Twitter Ricardo Monreal, jefe de la bancada de Morena en la Cámara alta.
¡Van bien muchachos, van bien! El presidente de la Comisión de Trabajo en el Senado es nada menos que el “líder minero” Napoleón Gómez Urrutia. Sobran comentarios.
Con la Cuarta Transformación se incrementan las presiones para que haya cambios en las dirigencias de los principales sindicatos.
Dos están en la mira: El Petrolero y el de Educación.
Uno de los que le quiere mover el tapete al secretario general del STPRM, Carlos Romero Deschamps, es José Rubén Rosaldo Cordero, presidente fundador de la organización Petroleros Reforma Ideológica, que reivindica 132 mil agremiados.
Rosaldo se presenta como la opción de cambio. Dice lo obvio: que la dirigencia de Romero Deschamps no ve por los intereses de los trabajadores petroleros, sino por los propios.
Jura que aunque el actual dirigente sindical adelantó su reelección en diciembre del año pasado, las autoridades no le han otorgado la toma de nota.
Bajito, moreno, robusto, el aspirante a secretario general del STPRM está dispuesto a esperar a que asuma la Presidencia Andrés Manuel López Obrador para el cambio.
Advierte, sin embargo, que si no hay señales de relevo en la cúpula sindical podrían ir a un “paro nacional” con bloqueo de calles y carreteras, pero eso sí, sin detener las actividades de Pemex. Algo así como un paro sin paro.
Y Carlos Jonguitud Carrillo, de origen potosino como su fallecido padre, va más lejos. Dice que la Cuarta Transformación abre la posibilidad de que desaparezca el SNTE.
Cabeza del Sindicato de Trabajadores para la Educación, paralelo al SNTE, Jonguitud reivindica medio millón de agremiados en las 32 entidades del país.
Dice que el debilitamiento del SNTE, aunado a la ausencia de representación formal de “Maestros por México”, de Elba Esther Gordillo, fortalece al STE.
“Lo más curioso es que el SNTE o la CNTE ya no son los únicos que pueden defender a los trabajadores de la Educación”, subraya.
De la Reforma Educativa dice que en su implementación se cometió un grave error: Primero evaluar y luego capacitar. “Debió ser a la inversa”, remató.Información Excelsior.com.mx