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El magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), Reyes Rodríguez Mondragón, informó este domingo que este lunes 11 de diciembre seguirá en el cargo y ofreció diálogo a los magistrados que están en contra de su permanencia.
En una carta a la opinión pública que subió a su cuenta de X, antes Twitter, el magistrado presidente del TEPJF aclaró algunos hechos que se suscitaron en el Tribunal en los recientes días.
La carta dice lo siguiente:
Ante la ausencia de la magistrada Mónica Aralí Soto Fregoso y los magistrados Felipe Alfredo Fuente Barrera y Felipe de la Mata Pizaña en el Informe de Labores presentado frente a los plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura, al día siguiente les solicité una reunión para conocer sus razones. Ante lo cual su respuesta fue reunirnos el miércoles 6 de diciembre después de la sesión pública prevista para las 12:00 horas.
Poco antes de esta sesión, las tres magistraturas me solicitaron una reunión, a la cual accedí de inmediato junto con la magistrada Janine Otálora Malassis. Por esta razón, la sesión pública de ese día se difirió; primero, una hora y, después, al jueves 7 de diciembre a las 10:00 horas.
Fue en esta reunión que, por primera vez, las tres magistraturas me hicieron saber que había una “pérdida de confianza” en mi Presidencia y solicitaron mi renuncia al cargo. En ese espacio, expusieron sus inconformidades y expresaron que era una decisión tomada. En particular, manifestaron algunas diferencias sobre las cuales considero fundamental aclarar lo siguiente:
En primer lugar, externaron su descontento con diversas políticas administrativas implementadas durante mi Presidencia. Es cierto que la política de racionalidad del gasto y austeridad que se ha seguido en el Tribunal ha significado hacer más con menos y reducir ciertos beneficios, por ejemplo:
a) La Comisión de Administración modificó las reglas que permitían a las magistraturas y a su personal de apoyo viajar en primera clase. Ahora se han regulado y restringido el gasto en viáticos y pasajes aéreos internacionales. Por ejemplo, la compra de pasajes para magistraturas en categoría business debe ser excepcional y justificada. Además, se pide reducir al mínimo el gasto en personal de apoyo que nos acompaña y el número de días que dura cada comisión.
b) Se modificó la normatividad que posibilitaba a las magistraturas disponer de hasta 9 vehículos. Con las nuevas reglas estos se han reducido a 5.
c) Se estableció un límite a dos dispositivos para pago de peaje (TAG’s) en carreteras y autopistas urbanas para uso de las magistraturas. Como resultado, ese gasto ha disminuido a menos de la mitad: mientras que en 2021 se gastaron 578 mil pesos, este año se han gastado 249 mil pesos por ese concepto.
d) Se han fortalecido los mecanismos de registro y control de la dotación de combustible a los vehículos oficiales para garantizar que sean utilizados exclusivamente para las actividades de carácter institucional. En ese tenor, normativamente se ha reducido en un 71% los montos máximos para combustible.
e) Se ha procurado la máxima economía, eficiencia y funcionalidad en la adquisición de bienes y servicios. Por ello, por ejemplo, se dejó de contratar a un tercer acreditado para la elaboración de programas internos de Protección Civil, los cuales ahora realiza la Dirección General de Protección Institucional. Esta medida generó un ahorro de un millón de pesos por año.
f) Se reguló el otorgamiento de apoyo de Vales de Alimentos, para que estos se limitaran a un máximo de 15 por mes y sólo se otorguen a personal operativo y de mando medio cuando no pueden acceder al comedor institucional. Adicionalmente, se eliminó un fondo de alimentos que permitía a mandos superiores del Tribunal disponer de 8 salarios mínimos mensuales (aproximadamente 24 mil pesos) para sus gastos de alimentación.
g) Ante algunas solicitudes verbales para la compra de vehículos cuyos precios exceden los límites establecidos en el Acuerdo General de Racionalidad y Austeridad del PJF, se requirió a las magistraturas solicitar la excepción por escrito a fin de someterla a consideración de la Comisión de Administración.
Magistrados expresan descontento por falta de consensos
Las tres magistraturas también manifestaron su descontento por la falta de consensos del presupuesto solicitado para 2024 a la Cámara de Diputadas y Diputados. Al respecto, el diferendo consistió en que desde la presidencia propuse solicitar un monto igual al autorizado en 2018, mientras que una de las magistraturas sugería un presupuesto con un incremento del gasto fijo del Tribunal de 8.5% respecto de 2023, con miras a minimizar el impacto de un eventual recorte. Eso habría implicado solicitar 237 millones de pesos adicionales.
El presupuesto aprobado y solicitado por el TEPJF fue escrupulosamente construido, garantiza su debido funcionamiento en año electoral, al tiempo que asume una política de austeridad basada en la racionalidad, la eficiencia y el gasto responsable. Este actuar se demuestra con el resultado a la revisión de la gestión financiera de 2022 hecha por la Auditoría Superior de la Federación, la cual no realizó recomendaciones ni observaciones sobre el gasto ejercido.
Por otra parte, más allá de la reunión en donde las magistraturas solicitaron mi renuncia, se ha señalado públicamente que existe un supuesto manejo feudal de la Presidencia del Tribunal Electoral. Creo relevante aclarar que, con el fin de involucrar a las y los magistrados en las actividades institucional, respeté el acuerdo tomado desde 2016 en el cual las distintas áreas del Tribunal estarían coordinadas por diferentes magistraturas, a pesar de que por reglamento están adscritas a la Presidencia.
Tras la conclusión de dos magistraturas, me solicitaron la coordinación de las direcciones generales de Jurisprudencia y Administración Regional. Lo cual estaba en proceso de deliberación. De igual manera, con el fin de alcanzar los consensos más amplios, en 2021 el titular de la Secretaría General de Acuerdos fue nombrado a petición de los magistrados Fuentes y De la Mata.
Otro señalamiento fue, justamente, la inspección ordenada a dicha Secretaría que —como en el caso de todos los órganos del Tribunal Electoral- – ha tenido el propósito de velar por el buen funcionamiento de esta área. Sin embargo, las tres magistraturas inconformes con esta política de rendición de cuentas giraron un oficio para dejar sin efectos la inspección a cargo de la Visitaduría Judicial del TEPJF.
Administrar la toma de decisiones de un órgano colegiado es una tarea compleja que exige apertura y diálogo permanente. Ello no puede estar condicionado a las decisiones administrativas de racionalidad presupuestal a cargo de la Presidencia.
Las anteriores son algunas de las manifestaciones puntuales que he conocido de parte de la y los magistrados que solicitaron mi renuncia, pero se han hecho otras acusaciones en mi contra. Al respecto, niego categóricamente cualquier señalamiento y participación en algún hecho ilícito y quiero ser enfático en señalar que siempre he buscado el diálogo más amplio y abierto posible para la conducción del máximo Tribunal Electoral de nuestro país. He sido magistrado por más de 10 años y siempre he actuado con imparcialidad y estricto apego a la ley, como se puede constatar en cada uno de mis posicionamientos, votos y sentencias.
Como es del conocimiento público, el jueves 7 de diciembre de 2023 el magistrado Felipe Alfredo Fuentes Barrera solicitó incluir en el orden de los asuntos a tratar en la sesión pública un punto para analizar mi continuidad al frente de la Presidencia del Tribunal Electoral.
Reyes Rodríguez Mondragón reflexionará renuncia
Llegado al punto, solicité comunicar mi decisión sobre la continuidad en el cargo el lunes 11 de diciembre, dado que se trata de una decisión personal con amplias repercusiones públicas. Sin embargo, tanto el magistrado Fuentes como la magistrada Soto solicitaron un receso de 15 minutos. Al ingresar al espacio para sostener un diálogo privado, la magistrada Soto solicitó la presencia del titular de la Secretaria General de Acuerdos e intentó transformar ese receso en una sesión privada con efectos legales, al margen del escrutinio público que se había acordado. Al no existir las condiciones para un diálogo auténtico y libre de imposiciones, la magistrada Otálora y yo decidimos retirarnos y salir por la puerta principal del Pleno, a la vista de asistentes y medios. Inclusive respondimos a preguntas de los periodistas. Es falso que huimos. Al haberse alterado las condiciones acordadas para dialogar, se dio a conocer mediante la página principal del Tribunal que el receso de sesión sería hasta nuevo aviso.
La obvia trascendencia de la decisión de separarme de la Presidencia del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación exige una reflexión profunda, que requiere ponderar las consecuencias y calibrar sus efectos en plenas precampañas a la Presidencia de la República. Estén ciertos que la democracia mexicana, la independencia judicial, la autonomía de la institución, mi compromiso con la justicia, así como la estabilidad del proceso electoral estarán al centro de mi valoración. Información Nmás
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