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Por Pascal Beltrán del Río
Lisandro era tan joven que el resto de los reclusos lo conocía simplemente como El Niño.
Su cuerpo fue descubierto a las 5:30 de la mañana del viernes pasado, en los baños de la cárcel de La Toma, municipio de Amatlán de los Reyes, Veracruz, un suburbio de Córdoba.
La causa oficial de su muerte fue suicidio. De acuerdo con el parte, el joven, de 18 años de edad, amarró una sábana a un locker y se colgó. Su familia, sin embargo, descree esa versión. Lisandro Flores León había sido aprehendido el 2 de noviembre en Tlacotepec de Mejía. Era uno de los cientos de veracruzanos encarcelados por ultrajes a la autoridad, el delito cuya pena fue reforzada por una reforma al Código Penal del estado, en marzo del año pasado. Luego de ser usada intensivamente durante varios meses por autoridades veracruzanas como sustituto de la investigación policiaca –así lo he relatado varias veces en este espacio–, el gobernador Cuitláhuac García se vio obligado a mandar una iniciativa para derogarla, misma que será discutida en el Congreso estatal. De acuerdo con la Fiscalía de Veracruz, hay más de mil personas en prisión acusadas de ultrajes a la autoridad, aunque abogados locales dicen que son más de 2 mil.
Una de ellas era Lisandro, quien fue acusado de haber agredido con un arma punzocortante a un agente ministerial, según consta en el proceso penal 108/2021 del juez de control de Huatusco (la información la consigna El Mundo de Córdoba). Más de un mes después de su detención, el joven fue acusado de un asesinato ocurrido en octubre.
Los hechos son la muestra del desbarajuste que ocurre en la justicia veracruzana y en las cárceles de todo el país. Para comenzar, como digo arriba, la reforma al Código Penal facilitó la aprehensión de centenares de personas, algunas de las cuales fueron levantadas en su propiedad. Ha bastado alegar que insultaron a la policía para que se los lleven. A muchos los han encarcelado en penales ubicados a centenares de kilómetros de su domicilio. Esto es un gran mentís a los propósitos del movimiento político encabezado por el Presidente, que prometió reducir el número de personas detenidas. Como escribí hace unos días, ese monto se ha incrementado, especialmente el de aquellas personas presas sin sentencia.
Segundo, el asesinato del que Lisandro estaba acusado –ojo: no sentenciado– seguramente quedará ahora impune, como pasa con ocho de cada 10 en este país, donde, según Andrés Manuel López Obrador, “ya no hay impunidad”.
Tercero, ¿qué pasa en las cárceles mexicanas, donde ha habido al menos 17 amotinamientos en 27 penales en menos de tres años; donde se puede meter el cadáver de un bebé sin que nadie lo impida en la entrada del reclusorio, y donde un joven, que hace menos de un año era menor de edad, se puede suicidar sin que ningún custodio se dé cuenta (si es que eso fue lo que realmente pasó)? De no haberse dado la reforma al Código Penal que aumentó la sanción al delito de ultrajes a la autoridad, la policía habría tenido que hacer su trabajo antes de meter preso a Lisandro. Hoy hay dos jóvenes muertos –la víctima de homicidio tenía apenas 22 años– y ningún responsable.
Buscapiés
* El viernes pasado, policías antimotines estatales y elementos de la Guardia Nacional impidieron que estudiantes normalistas de Ayotzinapa se apoderaran de una de las casetas de la Autopista del Sol, en el inicio del fin de semana largo. El choque entre ambos grupos produjo varios lesionados.
* Los normalistas bajaron de su unidad a un chofer de transporte de carga y lanzaron el pesado camión contra los agentes, luego de amarrar el acelerador con el volante. El vehículo pasó como bólido y se terminó estrellando. Por un milagro no hubo víctimas.
* Durante el fin de semana, la alcaldesa de Acapulco –la misma que dijo hace poco que “la calor” y los carbohidratos son responsables de la violencia en el puerto– hizo otra de sus absurdas declaraciones: que no había delito que perseguir porque el tráiler circulaba solo. Válgame. Información Excelsior.com.mx