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De acuerdo con la senadora por Yucatán, luego de diversas actos de intimidación y amenazas, el alcalde ordenó destruir las humildes casas para despojarlos de un terreno de tres hectáreas, a pesar de que los vecinos cuentan con los documentos que avalan su propiedad.
Esos terrenos eran de fundo legal y fueron entregados hace siete años a 114 familias de extracción humilde, a propuesta del entonces alcalde, el doctor José Edilberto Tzab Ortiz, con la aprobación del Cabildo, que es como lo marca la ley.
—Esta mañana, el actual alcalde metió maquinaria y empezó a destruir las casas de la gente, sin notificarles nada, a la mala. La policía municipal nos prohibió el acceso a esta colonia incluso a nosotros —explicó la legisladora.
Cuando llegó la senadora a mediar en el asunto, los vecinos empezaban a prepararse para enfrentar a los operadores de la maquinaria y a los agentes municipales. También se presentaron al sitio agentes de la policía estatal.
A pesar de las llamadas de la legisladora federal al celular del alcalde, éste nunca contestó. Sin embargo, por la presencia de Rosa Adriana Díaz se acordó el retiro de la maquinaria y los ánimos se calmaron.
No obstante, la maquinaria ya había destruido tres casas de bloques y dos casas de huano, pero decenas de casas se salvaron.
Rosa Adriana anticipó que se trata de una grave violación a la ley y que presentará una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos.
—Le vamos a pedir a la CNDH que tome acciones para obligar al alcalde Francisco Medina Martín a respetar la propiedad privada, que se le sancione por estos actos y se le exigirá también la reparación de los daños causados a las viviendas.
