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Por Pascal Beltrán del Rio
El tema de las remuneraciones de los servidores públicos ha consumido buena parte del tiempo de trabajo del gobierno federal en su primera quincena de ejercicio.
El anuncio de Andrés Manuel López Obrador de que ganaría como Presidente menos de la mitad que su antecesor, puso a discusión cuánto debería percibir el resto de los funcionarios del Ejecutivo y los integrantes de los otros Poderes de la Unión.
Miles de servidores públicos se encontraron súbitamente en la circunstancia de que sus remuneraciones eran superiores a las del Presidente y, por tanto, tendrían que ser recortadas por lo dispuesto en el artículo 127 constitucional.
Frente a esta decisión del Ejecutivo —respaldada en el Legislativo por la aprobación de la nueva Ley de Remuneraciones—, centenares de ellos presentaron solicitudes de amparo, y un número suficiente de senadores de la oposición suscribió una acción de inconstitucionalidad para el caso. Todos estos recursos serán resueltos por la Suprema Corte.
La reducción de las percepciones del Ejecutivo también hizo que entraran en conflicto dos artículos constitucionales, pues, si bien el 127 dice que ningún servidor público puede ganar más que el Presidente, el 94 establece que a los ministros, magistrados y jueces no se les pueden disminuir sus remuneraciones durante el tiempo de su encargo.
Esto dio pie a una discusión sobre la separación de Poderes, pues los llamados del Ejecutivo a reducir las percepciones de ministros, magistrados y jueces fue interpretada por varios como un intento de socavar la independencia del Poder Judicial.
El debate se profundizó con la decisión del ministro Alberto Pérez Dayán de suspender la Ley de Remuneraciones, cosa que generó la presentación de sendos recursos de reclamación por parte del Senado y la Presidencia, los cuales serán resueltos cuando la Corte vuelva de su receso de fin de año.
En eso estábamos, cuando, el viernes pasado, a la secretaria de la Función Pública, Irma Sandoval, se le ocurrió que eso no era suficientemente polémico. Había que ponerle más leña al fuego.
En una comparecencia ante senadores, dijo que debía ser el Estado y “no el mercado” el que fije el nivel de los “salarios, ingresos y honorarios” como parte de la “nueva ética pública”. Opinó que desde el Poder Ejecutivo, “así como estamos invitando a los otros Poderes a sumarse a la política de austeridad republicana, también tendríamos que invitar al mercado a sumarse a esos mismos salarios”.
Agregó: “Nadie dice que en un sistema capitalista las ganancias se mermen, pero los salarios del mercado quizá sí se tendrían que ajustar. No tendríamos por qué brincar desde el Estado para llegar a los salarios del mercado. Más bien los salarios, honorarios e ingresos del mercado tendrían que ajustarse a una nueva moralidad y una nueva ética pública de salarios justos”.
Al día siguiente, la funcionaria intentó desmentir lo que había dicho —y, de forma incomprensible, el video de su comparecencia desapareció un día completo del canal de YouTube del Senado—, pero sus palabras quedaron registradas por los medios y ahí siguen para que cualquiera las pueda escuchar.
Pero ¿a qué venían esos planteamientos? Quizá a que no se ha cumplido el vaticinio de la nueva mayoría política de que no faltarían ciudadanos preparados para sustituir a los funcionarios que renunciaran al servicio público por la disminución de sus percepciones.
Si no, ¿cuál sería el objeto de quejarse de que “no tendríamos por qué brincar desde el Estado para llegar a los salarios del mercado”?
Pero tal vez haya algo más de fondo: la visión de que la aspiración a ganar más y mejorar el nivel de vida, inherente a todo ser humano, es perversa y debe ser corregida.
Veo esa lógica en la misma línea de lo dicho hace unos días por Yeidckol Polevnsky, lideresa formal del partido del gobierno, de que es un error sacar a las personas de la pobreza porque luego se olvidan de quiénes son y a quién le deben el favor.
Un gobierno de izquierda tendría que estar interesado en subir los salarios en general y, con ello, lograr más recursos para el Estado en contribuciones, pero Morena parece estar peleado con el dinero y con quien lo tiene como producto de su trabajo.
A juzgar por lo dicho por Sandoval, quiere bajar los salarios desde el Estado —en un aparente deseo de reducir así la brecha social—, en vez de propiciar el crecimiento económico y democratizar el acceso al mercado, cosa que, para mí, es la vía a seguir para hacer realidad la justicia social: que todo mundo tenga derecho a las mismas oportunidades, no que venga el Estado a contender las ganancias.
BUSCAPIÉS
Habrá que estar pendientes de la reacción que tengan hoy los mercados al proyecto de Presupuesto de Egresos presentado el sábado. Será la primera evaluación relevante para el nuevo gobierno. Información Excelsior.com.mx