Saqueos. La gente está enojada y tiene razón. Quizás, desde aquel error de diciembre del 94, no habíamos visto una medida económica peor operada que la de quitar subsidios a las gasolinas con un aumento de 20 por ciento promedio a partir del 1 de enero pasado, y con la promesa de aumentos sucesivos en febrero y marzo, dejando luego el precio de los combustibles flotar a merced del mercado.
Las alternativas pudieron ser muchas, desde un deslizamiento gradual como se hizo durante años, hasta implementar esa medida acompañada de otras que le dieran un respiro a la gente. Se optó por el aumento directo, por el garrote sin zanahoria y en plenas fiestas decembrinas, por lo que mucha gente se sintió, además, engañada. Hay razones más que suficientes para el enojo.
Nada justifica, por otra parte, la ola de saqueos que se ha dado en todo el país. No es una respuesta social, es una respuesta delincuencial en la que participa un entramado de actores legales e ilegales, algunos, muy pocos, públicos, y otros de ellos ocultos bajo el manto del rencor social. En la tarde-noche del miércoles fueron saqueados más de 250 comercios grandes: supermercados, tiendas de conveniencia, de electrodomésticos. No estamos hablando de robos esporádicos, de que alguien se lleva una pantalla plana, sino de verdaderos saqueos: de tiendas literalmente vaciadas. ¿Cuánta gente se necesita para ello?, ¿que infraestructura, qué coordinación?
El secretario de Seguridad Pública de la CDMX, Hiram Almeida, informó que, por lo menos, en la capital del país los saqueos se organizaron a través de unas mil cien cuentas de correo creadas, todas, el primero de enero pasado. Eso se tiene que haber extendido al Estado de México (donde se dieron los mayores saqueos), a Veracruz, a muchos otros puntos del país. En esto, sin duda, hay participación de grupos políticos (¿cuál es la diferencia entre saquear una tienda o robar un tráiler, como esos grupos lo hacen a diario con una bandera política?), pero también de criminales que ven cómo les sirven en bandeja la oportunidad de robar sin costos.
Es, sin duda, una trama desestabilizadora que busca dejar atrapado al gobierno federal y, si es posible, tirarlo. Y que se alimenta en muchas ocasiones de los errores que el propio gobierno comete, como ha ocurrido con el gasolinazo, de la falta de sensibilidad para atacar esos temas y del consiguiente enojo social. Pero debe quedar claro que se trata de una trama desestabilizadora, no de actos espontáneos.
López Obrador. El 2018 está a la vuelta de la esquina, pero la verdad es que falta mucho para las elecciones. Si alguien decía año y medio atrás que el ganador en Estados Unidos iba a ser Trump, hubiera sido objeto de burla. Pero ganó Trump, derrotando a pesos pesados del establishment como Hillary Clinton o Jeb Bush. Ahora muchos creen en México que la elección está ya decidida para que en 2018 gane López Obrador.
Sin duda, Andrés Manuel hoy tiene ventaja, pero nadie sabe qué puede suceder a futuro. También, seis meses antes de las elecciones del 2006 parecía tener asegurado su triunfo y ya conocemos lo sucedido.
A López Obrador el enojo de la gente con el gobierno, sin duda, le conviene, lo alimenta, pero los saqueos y la violencia se constituyen en uno de sus principales enemigos. No creo que López Obrador, como piensan muchos, esté detrás de los saqueos. Sin duda, lo están organizaciones y personajes que confluyen con López Obrador, pero para el candidato del Movimiento Regeneración Nacional el saqueo y la violencia lo alejan de un triunfo en el 2018.
Son nocivos para su causa porque pueden generar la tentación (que ya está en el aire) de una salida autoritaria, de dentro o de fuera del gobierno; porque la desestabilización puede arrastrar al propio Andrés Manuel o porque puede ser el caldo de cultivo para una candidatura atípica. El “que se vayan todos” argentino, del que se cumplieron 15 años en diciembre, arrastró al presidente De la Rúa, pero también a todos los políticos importantes de esa época, del oficialismo y de la oposición. Así fue como llegaron al poder, con un puñado de votos de respaldo, los Kirchner.
Nadie quiere gobernar sobre escombros. López Obrador no está detrás de los saqueos porque simplemente no le conviene. Mucho bien haría, para su propia causa, en descalificarlos y alejarse públicamente de ellos.
Marcha atrás. Al gobierno federal no le quedan muchas opciones: endurecerse es una posibilidad pero el costo político sería tremendo. Mantenerse en su posición es aceptar la posibilidad de que el desgaste desestabilizador termine logrando sus objetivos. Pero también puede dar marcha atrás, puede aceptar el enojo popular, incluso considerando que la decisión que tomó fue la correcta. Puede reencauzarla y buscar la forma de implementarla en forma gradual, a través de acuerdos y consensos más amplios que los actuales.
Dar marcha atrás tendría un costo político y económico, pero a estas alturas se debería comprender que no existe estabilidad económica si no hay, de la mano con ella, estabilidad social.
Fuente: Excelsior.com.mx