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Como destacó una delegación de la SIP durante una misión a Washington a principios de este año, la retórica contra la prensa ha exacerbado un clima ya hostil en el que los periodistas afrontan crecientes amenazas verbales y ataques físicos.
El siguiente es el informe sobre la situación de la libertad de prensa en Estados Unidos aprobado por la 74a Asamblea General de la SIP reunida en Salta, Argentina del 19 al 22 de octubre.
A medida que nos acercamos al final del segundo año en el cargo del presidente Donald J. Trump, se profundiza la polarización política en el país, como quedó demostrado en la reciente batalla por la nominación del juez Brett Kavanaugh a la Corte Suprema. Los ataques verbales sin precedentes de Trump contra los medios de comunicación siguen en aumento. Y, como destacó una delegación de la SIP durante una misión a Washington a principios de este año, la retórica contra la prensa ha exacerbado un clima ya hostil en el que los periodistas afrontan crecientes amenazas verbales y ataques físicos.
Existe la preocupación de que el impacto de esta retórica se extienda más allá de las fronteras de Estados Unidos y cree un entorno aún más peligroso para los periodistas en el extranjero. Los medios informativos están de luto por la muerte de Jamal Khashoggi, periodista de The Washington Post y residente estadounidense que desapareció el 2 de octubre durante una visita al Consulado de Arabia Saudita en Estambul, Turquía. El 20 de octubre, el gobierno saudita admitió que el Sr. Khashoggi fue asesinado en dicho consulado.
Además, sigue siendo una preocupación primordial la amenaza persistente de investigaciones sobre “filtraciones de información” y enjuiciamiento de fuentes, así como los esfuerzos del gobierno para confiscar los registros de las comunicaciones de periodistas.
Sin embargo, las libertades de prensa continúan disfrutando de sólidas protecciones legales, y la rama judicial sirve como control de la capacidad de otras ramas para restringir la prensa libre.
Prosiguen sin cesar los ataques verbales sobre la credibilidad de los medios de comunicación. Trump continúa refiriéndose regularmente a organizaciones noticiosas prominentes, en particular a CNN, NBC y lo que él llama el “fallido” New York Times, como “noticias falsas”, un término originalmente destinado a definir historias creadas que son deliberadamente falsas. En junio, Trump criticó la cobertura de su cumbre con el líder norcoreano Kim Jong Un, calificándola de “casi traición”. También ha seguido atacando personalmente a periodistas específicos; el mes pasado arremetió a través de Twitter contra Chuck Todd, del programa de NBC News “Sleepy Eyes”, e insultó a principios de mes a la periodista de ABC News Cecilia Vega diciéndole en una conferencia de prensa: “Sé que no estás pensando, nunca lo haces”. En los últimos meses, Trump también ha estado utilizando Twitter para atacar la credibilidad del periodista Bob Woodward, cuyo libro reciente, Fear, basado en fuentes de la Casa Blanca, describe su primer año en el cargo. Trump ha calificado el libro de “estafa”, una “broma”, “aburrido”, “falso” y “ficción”, y ha llamado a Woodward un “mentiroso que es como un operativo demócrata antes de las elecciones parciales”. Trump incluso ha llegado hasta decir durante una reunión en julio en Kansas City con Veteranos de Guerras Extranjeras que no “crean la basura que ven de estas personas, las “noticias falsas”. Lo que “están viendo y lo que están leyendo no es lo que está sucediendo”, lo que provocó comparaciones con la novela distópica de George Orwell, 1984.
Los ataques verbales contra la credibilidad de los medios de comunicación continúan teniendo eco en los políticos en el Congreso y en los niveles estatal y local. Mientras Trump tiende a dirigirse a las organizaciones nacionales de noticias, los políticos siguen una estrategia similar para deslegitimar las publicaciones locales, como informó The Associated Press en marzo. Por ejemplo, este verano, el congresista republicano de California , Devin Nunes, lanzó un anuncio de campaña de más de dos minutos acusando a la Fresno Bee de trabajar “estrechamente con grupos radicales de izquierda para promover numerosas noticias falsas sobre mí”.
Muchos de los ataques verbales en la prensa durante los últimos dos años parecen haber contemplado la interferencia y la represalia del gobierno contra miembros de los medios de comunicación. Por ejemplo, como informamos el año pasado, Trump ha twitteado: “Con todas las noticias falsas que salen de NBC y las cadenas, ¿en qué momento sería apropiado impugnar sus licencias?”. Las cadenas nacionales no poseen licencias, y la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC) no regula el contenido de las afiliadas locales. Sin embargo, más tarde ese mismo día, volvió a tuitear, y esta vez amenazó más directamente con la revocación de la licencia: “Las noticias de las cadenas se han tornado tan partidistas,
distorsionadas y falsas, que las licencias debían ser impugnadas y, si corresponde, revocadas. ¡No es justo para el público!”.
Dado este telón de fondo, algunos cuestionaron los motivos del gobierno para oponerse a un acuerdo de fusión entre AT&T y Time Warner —empresa matriz del frecuente objeto de crítica por parte de Trump: la CNN—, mientras favorece un acuerdo entre el gigante de los medios pro-Trump Sinclair Broadcast Group y Tribune Media. El Departamento de Justicia presentó una demanda para bloquear la fusión de AT&T, mientras que la FCC inicialmente tomó medidas para ayudar a la expansión de Sinclair. Sin embargo, incluso si estas acciones tuvieran motivaciones políticas, los sistemas regulatorios y legales pueden brindar controles importantes. Un juez federal independiente finalmente se pronunció por la legalidad de la fusión de AT&T, y aprobó el acuerdo luego de un juicio de seis semanas, aunque no permitió que se revelaran los motivos del Departamento de Justicia para presentar la demanda. El Departamento ha apelado esta decisión, y en septiembre el Comité de Reporteros presentó un informe de amigo de la corte solicitando a la corte de apelaciones que sean revelados esos motivos en aquellos casos relacionados con amenazas a la libertad de prensa. En julio, la FCC citó pruebas que indican que Sinclair pudo haber tratado de evitar las restricciones del gobierno en cuanto a propiedad de los medios al deshacerse de ciertas estaciones clave solo de nombre. La agencia luego tomó medidas para bloquear la fusión de Sinclair, a pesar de las críticas de Trump, y el acuerdo se vino abajo.
La retórica sin precedentes contra la prensa de Trump y otros funcionarios del gobierno en los últimos dos años ha coincidido con un número alarmante de ataques físicos y amenazas dirigidas a periodistas.
El 30 de mayo, Zachary Stoner, periodista independiente y popular videobloguero, fue asesinado en Chicago. Publicó videos en su canal de YouTube zacktv1, enfocado en la vida comunitaria y los artistas del hip hop de Chicago. Stoner, de 30 años, conducía su vehículo por el vecindario de South Loop cuando personas no identificadas que viajaban en otro automóvil le dispararon en la cabeza y el cuello. Perdió el control de su automóvil y se estrelló contra un poste de servicio eléctrico, según el Freedom Tracker de Estados Unidos. En octubre del 2017 recibió amenazas después de cubrir la muerte de una adolescente; aunque la muerte de esta fue accidental, desencadenó una serie de teorías de conspiración difundidas en las redes sociales. No está claro si el trabajo periodístico de Stoner fue el motivo de su muerte.
Más recientemente, el 29 de junio, un tiroteo en Capital Gazette, periódico de Annapolis, Maryland, dejó cinco muertos: los editores Rob Hiaasen (59 años), Wendi Winters (65) y Gerald Fischman (61), el reportero John McNamara (56) y la asistente de publicidad Rebecca Smith (34). Otras dos personas resultaron heridas. Se dijo que el motivo del ataque fue una historia del Capital Gazette de 2011 sobre un caso en el que Ramos había sido acusado de acosar a una mujer en las redes sociales. Este ya había proferido amenazas contra la sala de redacción y presentado una demanda por difamación, que fue desestimada.
Si bien los disparos no parecen estar inspirados por la hostilidad hacia los medios de comunicación, estos sonaron como alarma para los periodistas que ya están preocupados por su seguridad, e impulsaron a las organizaciones de noticias a comenzar a brindar seguridad a sus reporteros en los mítines de Trump.
Se confirmó el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, de The Washington Post, desaparecido el 2 de octubre. El gobierno saudí admitió que Khashoggi fue asesinado en su consulado de Estambul.
Estas muertes no parecen haber frenado los ataques retóricos del Presidente contra la prensa. En un mitin a principios de esta semana, Trump elogió al congresista republicano de Montana, Greg Gianforte, por atacar físicamente a Ben Jacobs, reportero de The Guardian, en un evento de campaña el año pasado. “A cualquier hombre que pueda golpear”, dijo Trump, “yo lo aprecio”.
Y, a medida de que el Presidente ha seguido atacando verbalmente a los medios, los reporteros han recibido amenazas de violencia física, especialmente cuando publican historias sobre Trump o son atacados por él en Twitter. Por ejemplo, después de que el Boston Globe anunció que publicaría una respuesta editorial a los ataques políticos contra los medios, comenzó a recibir llamadas de un hombre de California que amenazó con matar a “todos” los empleados del Globe y llamó al periódico “enemigo del pueblo”.
Muchos temen que las declaraciones del presidente —incluida su caracterización repetida de la prensa como “enemigo del pueblo”— hayan contribuido a este entorno. De hecho, en 2017, la SIP emitió un comunicado advirtiendo de que la retórica contra la prensa “podría instigar al público a cometer actos de violencia contra periodistas y medios de comunicación”. Y el aumento de las amenazas a la seguridad física de los periodistas fue un hallazgo clave de la delegación de la SIP durante su misión a Washington a principios de este año.
El fiscal general Jeff Sessions se ha opuesto durante mucho tiempo a una ley que protegería las fuentes de los periodistas en casos de “filtración” y, desde que asumió el cargo dejó en claro que el Departamento de Justicia investigará de manera proactiva la divulgación no autorizada de información gubernamental en los medios de comunicación. Sessions anunció en el 2017 que el Departamento de Justicia había “más que triplicado el número de investigaciones de filtraciones activas en comparación con la cifra de estas al final del gobierno de Barack Obama” y que “ya había acusado a cuatro personas por divulgar ilegalmente material clasificado u ocultar contactos con oficiales de inteligencia extranjeros”.
En agosto, Reality Winner, una excontratista de inteligencia, se convirtió en la primera persona condenada bajo la Ley de Espionaje desde que el Presidente asumió el cargo. Fue condenada a más de cinco años de prisión, la sentencia más larga jamás impuesta en un tribunal federal por filtrar documentación oficial a medios de comunicación.
El 18 de octubre, el exagente del FBI Terry Albury fue condenado a cuatro años de prisión en virtud de la Ley de espionaje por divulgar información clasificada a la publicación Intercept. El Departamento de Justicia también anunció un nuevo procesamiento sobre filtraciones a principios de esta semana contra una funcionaria del Departamento del Tesoro. Natalie Edwards fue acusada de filtrar información financiera a medios de comunicación relacionada con la investigación de la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016
En junio, el público supo que la policía federal había incautado años de correos electrónicos y registros telefónicos de la periodista del New York Times Ali Watkins. Ello ocurrió poco después de que el diario publicó una historia sobre los vínculos del exasesor de campaña de Trump, Carter Page, con el Kremlin. Este es el primer decomiso conocido de los registros de un reportero bajo el gobierno de Trump.
El gobierno con frecuencia ha hecho más difícil que los medios de comunicación informen sobre los asuntos del gobierno. Los periodistas continúan teniendo dificultades para acceder a los miembros del gobierno de Trump, así como a los registros públicos. El año pasado, la Fundación Sunlight declaró que Trump había “establecido uno de los peores récords de gobierno abierto en los primeros 100 días de mandato en la historia de Estados Unidos”.
La Casa Blanca ha abandonado en gran medida la tradición de celebrar reuniones informativas diarias para la prensa. La secretaria de prensa Sarah Huckabee Sanders ha realizado solo 13 reuniones en junio, julio y agosto. Todas estas, combinadas, duraron cerca de cuatro horas. Cuando se llevan a cabo, las reuniones informativas “se utilizan como eventos de campaña”, como dijo el periodista Aaron Blake del Washington Post acerca de una sesión informativa de prensa de septiembre, la primera en 19 días. La mayor parte de esta se dedicó a una presentación de Kevin Hassett, presidente del Consejo de Asesores Económicos del Presidente, promocionando sus logros económicos.
