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Por Enrique Aranda
Crece 15% infectados por covid-19, ¡en ocho días!
Definido ya, en principio al menos, el 6 de agosto como el día en que los ministros de la Suprema Corte deberán evaluar y pronunciarse sobre la anticonstitucional ampliación de mandato de Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, promovida desde Palacio, la polarización y abierta confrontación entre ellos parece encontrarse ahora en su peor momento.
Tal es el asunto que, de unos días a la fecha, han venido cobrando fuerza versiones según las cuales dos de los directos implicados, los ministros Luis María Aguilar Morales y Jorge Mario Pardo Rebolledo, estarían tratando de diferir el estudio y dictamen del cuestionado ordenamiento, con miras a empatar con ello la evaluación de la acción de inconstitucionalidad que se prevé presentará la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia, que lidera la panista María del Pilar Ortega Martínez, en concreto y en la que, dicen, se intenta incluir la cancelación de facultades del Consejo de la Judicatura para remover a jueces acusados de presuntos actos de corrupción, condicionando la misma al voto unánime del pleno de la Corte.
Esto, en virtud de que, con una disposición como la que se menciona, las supuestas o reales redes de juzgadores existentes —presuntamente al amparo de algunos ministros— y que operan para proteger diversos intereses, ganarían fuerza, amén de contar con un amplio margen de impunidad.
Así las cosas, entonces, es de prever una nueva confrontación directa entre los poderes Ejecutivo y Judicial contra la oposición legislativa, contra la bancada de Acción Nacional y aliados en particular que, huelga recordar, promovieron desde el Senado —el coordinador Julen Rementería del Puerto—una acción de inconstitucionalidad contra el artículo décimo tercero transitorio de la reciente reforma judicial en especial, el que ampliaría el mandato de Zaldívar con la implícita intención de “no dejar la puerta abierta o resquicio” a través del cual, en el futuro, Andrés Manuel López Obrador pretenda ampliar la vigencia de su hasta ahora infructuoso mandato.
Y todo ello, vale decir, al tiempo que se multiplican especies según las cuales la Comisión Nacional Bancaria y de Valores indagaría ahora mismo cuentas del ministro Aguilar en las que habría detectado supuestas anomalías, igual que en las de algunos familiares cercanos.
¿Será? Es la guerra…
asteriscos
* Por irónico que parezca, cada vez es más probable que el programa Operación Justicia para Chihuahua, del impresentable Javier Corral Jurado, acabe, literal, siendo un fiasco dado que, dicen los que saben, al menos 35 de los casos judiciales presentados —cuatro de ellos vinculados con su también indefendible antecesor priista Javier Duarte— fueron mal integrados. Uff…
* En verdad complejo el problema del sargazo en playas de Quintana Roo donde, si bien la acción de los tres niveles de gobierno y empresarios da resultados —hay un “semáforo” que monitorea el asunto, mil 281 metros de barreras y once unidades recolectoras de la Marina— el fenómeno sigue, acepta el gobernador Carlos Joaquín González, quien ofrece redoblar esfuerzos…
Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política. Información Excelsior.com.mx