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En julio pasado había en la Ciudad de México aproximadamente 8 mil personas desaparecidas y no localizadas, ahora en noviembre hay 6 mil 725, una reducción de alrededor de mil 500 registros, lo que no se sabe es si se les localizó o qué sucedió con ellas porque las autoridades no lo han informado.
Así lo denunciaron los integrantes del Consejo Ciudadano de la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, durante la presentación de su informe por la conclusión de sus labores después de tres años. Ahora un nuevo Consejo entrará en funciones.
Natalia Pérez Cordero, integrante de este Consejo Ciudadano e investigadora del Programa de Derechos Humanos y contra la Impunidad de la organización Fundar, señaló que en los tres años de sus funciones se han identificado variaciones en este registro que no se sabe a qué obedecen.
De 2019 a 2020, con el primer comisionado de búsqueda (Fernando Elizondo) se subían a la página de la comisión los registros en datos abiertos, pero a partir de entonces, cuando cambió la dirección (de la Comisión) se dejaron de publicar estos registros en datos abiertos, y no se dio una explicación de por qué pasó esto ni de las variaciones.
La investigadora señaló que le han pedido explicación al respecto a la Comisión de Búsqueda de la Ciudad de México, pero no les han dado una respuesta clara, afirmó que cuando en las mesas de trabajo se toca el tema, las autoridades lo desvían.
Sin embargo, esta última variación coincide, dijo, con el anuncio presidencial de que se haría un censo casa por casa para depurar el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNL), porque este estaba inflado.
¿Menos desaparecidas?
Una de las variaciones que llama la atención del Consejo, y de la que tampoco han obtenido explicación, es que del año 1962 hasta principios del mes de noviembre del 2023, la CDMX mantenía el registro de 6 mil 725 personas desparecidas y no localizadas, de las que 4 mil 047 eran hombres (60.18%) y 2 mil 452 eran mujeres (36.46%) y 226 personas indeterminadas.
“Es importante señalar que nos llama la atención que los datos estadísticos clasificados por sexo hasta julio del año 2023, tanto por la Fiscalía de Desaparecidos de la Ciudad de México (FIPEDE) como por el propio RNPDNL señalaban que en la Ciudad de México la proporción de personas desaparecidas era de 55% hombres y 45% mujeres”, dice el informe del Consejo.
Es decir, el porcentaje de mujeres desaparecidas se modificó a la baja, cuando se sabe que en la Ciudad de México están desapareciendo más mujeres que en ninguna otra entidad.
“Parte de las exigencias es que se aclare la metodología que se está usando para reformar este registro, estamos abiertos a que si es para mejorarlo que bueno, pero para eso se necesita rendición de cuentas y transparencia”, subrayó Pérez Cordero.
Por su parte, Patricia Manzanares Ochoa, otra de las consejeros y madre buscadora, señaló que no hay una atención adecuada para las familias para cuando se acercan a la Comisión de Búsqueda. “La Comisión no tiene ni un espacio digno para atender a los familiares que llegan desesperados, el maltrato por parte de los funcionarios es alarmante, tanto así que las familias prefieren apoyarse con otras familias de desaparecidos o con otras comisiones de búsqueda, como la del Estado de México”.
Manzanares Ochoa agregó que se ha dicho que las familias pueden llegar a la Comisión y se empezará a buscar a sus desaparecidos, pero esto no es así.
El comisionado decide si se les busca así o los canaliza a la Fiscalía para que pongan su denuncia y muchas familias no quieren denunciar (por miedo a los grupos de la delincuencia organizada que operan en la CDMX).
Una crisis no reconocida
A su vez, Valentina Peralta Puga, otra de las consejeras y quien coordina la red Eslabones por los Derechos Humanos, dijo que es indispensable reconocer que hay una crisis forense en la Ciudad de México. “18 mil seres humanos están abandonados en las fosas comunes del Panteón Dolores y al ir a buscar a una persona se desacomoda, se mueven, se desarticulan otros restos y esto no debería ser así, se tendría que contar con centros de resguardo temporal individualizados”.
Peralta Puga recordó que la maqueta para hacer este centro ya existe, pero señaló que se necesita presupuesto. Se requieren 270 millones de pesos para la primera etapa y 90 millones para empezar, “pero no hay quien los ponga”.
Además, el Consejo remarcó en su informe que en materia de identificación forense de personas fallecidas y no identificadas o no reclamadas no existe información oficial que permita identificar el nivel de rezago o el avancen en este tema, pero de las diversas reuniones con personal del Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO9, la Comisión de Búsqueda y los la Fiscalía se informó que, aproximadamente, ingresan 20 cuerpos diario al INCIFO.
Ahí estos cuerpos permanecen alrededor de cinco días para después ser enviados a la fosa común de la CDMX bajo dos principales supuestos: que la persona no cuenta con información que permita verificar su identidad y el otro que la persona fallecida se encuentra identificada pero no ha sido reclamada por nadie.
Aunque, de acuerdo con el Módulo de Fosas Comunes de la Comisión Nacional de Búsqueda, en promedio, 888 personas fueron inhumadas cada año en fosas comunes del Panteón de Dolores. “Esto se debe a la falta de un sistema que permita cruzar bases de datos con la información de las personas que fallecen, lo que ocasiona que sus familiares no fueran notificados de su muerte y acudan a denunciar o a reportar a sus seres queridos como desaparecidos”, dice el informe.
Sin coordinación
En el documento se señala también que uno de los principales obstáculos para dimensionar la crisis real que atraviesa la CDMX es la ausencia de un Registro Único de Personas Desaparecidas. Cada institución cuenta con su propio registro y difícilmente comparte la información con otras, lo que dificulta, y en muchos casos impide, encontrar a las personas desaparecidas.
Otro problema que se detectó es la falta de coordinación y de colaboración de manera fluida y permanente entre todas las instituciones que conforman el Sistema de Búsqueda de la CDMX, que, en los hechos, no actúan como un sistema sino como entes aislados, comprometidos, en el mejor de los casos, sólo con las tareas encomendadas a su propia institución.
Asimismo, se identificó que existen problemas serios de coordinación entre los Servicios Periciales de la FGJ y el INCIFO, este último adscrito al Poder Judicial de la CDMX, que impiden el intercambio de información para la efectiva y pronta identificación de personas fallecidas con reporte de desaparición. Esto propicia que un gran número de personas sean enviadas a fosas comunes, aun cuando algunas han logrado ser identificadas. Información Nmás
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