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Por Enrique Aranda
Más temprano que tarde, en opinión de los especialistas económicos, el embate del oficialismo lopezobradorista en contra del sector farmacéutico nacional comienza a rendir frutos: el desmantelamiento o eventual erosión, al menos, de una industria cuya adecuada operatividad condiciona el éxito o fracaso del programa oficial de salud…independientemente de los objetivos e incluso de las reglas de operación de los mismos.
En los últimos meses, prácticamente desde el periodo de transición entre la anterior y la actual administración sexenal, priista una y morena la actual, la industria farmacéutica local, los 44 laboratorios agrupados en la Asociación Mexicana de Laboratorios Farmacéuticos (Amelaf), que lidera Arturo Morales Portas, fue tipificada —“con más enjundia ideológica que pruebas”, ciertamente— como el más acabado ejemplo de un monopolio corrupto y cómplice de los excesos de gobiernos de corte neoliberal y, de manera implícita, como el enemigo a vencer de una lucha orientada a garantizar a la población servicios de salud basados en la honestidad, de bajo costo y alta calidad.
Hoy, a poco menos de dos años del inicio del gobierno de la 4T y de Andrés Manuel López Obrador en concreto, en medio de la más aguda crisis de adquisición y/o dotación (oportuna) de fármacos que se tenga memoria, la estrategia oficial rinde sus primeros frutos: contracción de inversiones en un sector cuyas ventas representan algo más de 240 mil millones de pesos anuales y aporta 3% del PIB, despidos de personal altamente especializado, riesgo de quiebra financiera por adeudos oficiales no cubiertos y, lo peor, el previsible cierre de empresas de capital nacional incapaces de competir con la introducción al país, sin registro y al margen de toda regulación, de fármacos adquiridos en países tales como India, China, Paquistán o Malasia o, claro, la industria farmacéutica de capital extranjero asentada aquí y que mantiene un trato preferente por parte de la autoridad.
Y todo, diría alguno, ante la complaciente mirada y abono a la crisis de una Cofepris, a cargo de José Alonso Novelo, que no sólo cambió las reglas de operación sectorial para, por ejemplo, condicionar la maquila de fármacos en el país a la obtención de un permiso cuando antes bastaba con que se le diera aviso, sino que ordena el retiro masivo de unidades, cierre de líneas de producción y, claro, avala con su silencio la masiva importación de productos respecto de los cuales poco o escaso control existe…
Tal es la situación, diría más a manera de advertencia que de broma alguno de los afectados por la actual política oficial en la materia, que la referida Cofepris, más que una Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios, lo es para la promoción de los mismos. Ojalá y no pase de ser una mala broma…
ASTERISCOS
* Duro golpe propinó ayer la Suprema Corte, de Arturo Zaldívar, a la cínica pretensión del gobernador de Baja California, el impresentable Jaime Bonilla, de ampliar ilegal y antidemocráticamente de dos a cinco años su mandato, apoyado en la reforma avalada en tal sentido por el anterior Congreso local, buena parte de cuyos miembros integran su gobierno. Pronto, el asunto será discutido y resuelto en definitiva…
Veámonos el domingo con otro asunto De naturaleza política. Información Excelsior.com.mx
