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El Gobierno de México afirmó que con el acuerdo no se afecta el derecho a la transparencia.
El titular de la Secretaría de Gobierno (Segob), Adán Augusto López Hernández, se ‘envalentonó’ y respondió este jueves al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) tras la controversia constitucional que alista dicho organismo.
“Con todo respeto para el Inai, no hay lugar a una controversia porque el mismo contenido del acuerdo tutela el derecho al acceso a la información”, sostuvo.
El martes, el instituto anunció que prepara una controversia constitucional contra el acuerdo publicado por el presidente, por el que clasifica obras y proyectos como de seguridad nacional.
El Inai afirma que dicha medida puede vulnerar el derecho de acceso a la información. Sin embargo, el funcionario descartó que se afecte el derecho a la transparencia.
Con esta medida que prepara el organismo se buscará evitar que las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal guarden por motivos de seguridad nacional información relacionada con las obras vinculadas con la Cuarta Transformación.
¿’Acuerdazo’ o ‘Decretazo’?
Tras el documento publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) por el que se clasifican obras y proyectos como de seguridad nacional, surgió la duda en torno a qué denominación se le debe dar.
Ante ello, López Hernández dio los detalles al respecto y apuntó que la principal diferencia radica en que uno es específico y otro general.
“La principal diferencia entre acuerdo y decreto es que el acuerdo es específico y es una regla, que expide en este caso el titular del Ejecutivo, para normar funciones administrativas de las instancias subalternas”, precisó en la ‘mañanera’.
En tanto, señaló que el decreto es de carácter administrativo pero en lo general.
De esta forma, indicó que el acuerdo se refiere única y exclusivamente, en este caso porque así lo dice el contenido, a la tramitología de permisos.
En ese sentido, remarcó que este acuerdo impulsado por el titular del Ejecutivo agiliza el trámite, por lo que la autoridad administrativa deberá acudir a las dependencias pertinentes para externar la solicitud de un permiso, posteriormente se otorgará una autorización provisional con vigencia de 12 meses.
Una vez cumplido el plazo, se podrá otorgar una autorización definitiva en caso de cumplir con los requisitos, de no ser así, se detendrán los trabajos. Información Radio Fórmula
