Por: Yuriria Sierra
Estamos ya muy cerca de ser el número uno. México está a sólo un lugar de encabezar la más reciente lista en la que se nos expone como uno de los países más peligrosos del mundo. Esta vez es el Instituto Internacional de Estudios Estratégicos, con sede en Londres. El panorama no es alentador, no importa lo que nos digan las autoridades sobre el trabajo que se hace para combatir al crimen organizado. México está hoy muy encima de Irak, Afganistán, Yemen, Somalia, Sudán o Turquía, donde los conflictos bélicos son parte de un cotidiano que no le compite en nada al clima de violencia que genera el crimen organizado aquí.
Según este análisis, durante 2016 contamos más de 23 mil personas fallecidas por la violencia del narcotráfico. El mismo director del instituto, John Chipman, hizo una observación que nos deja helados, si pensamos en las comparaciones con el resto de los países que ocupan, al menos, los primeros siete lugares de esta lista: “El número de muertes en México supera el de Afganistán y Somalia (…) es un conflicto marcado por la ausencia de artillería, tanques o aviación de combate (…) Mientras que el insurgente típico antes combatía en las montañas, los bosques o en la selva, ahora él o ella se encuentran muy a menudo en un entorno urbano…”. No hay manera de decir que eso no es cierto. No hay forma de negar que estamos en guerra.
En las últimas semanas, cada vez ha sido más frecuente que en Imagen Televisión tenga que dar notas sobre violencia. Muertos, bloqueos, enfrentamientos, fugas, aprehensiones y extradiciones. Todo relacionado al narcotráfico. Aunque, si a esto le sumamos el resto de hechos asociados a la seguridad, o sea, delitos del fuero común, la cosa se pone peor. Asaltos, secuestros, homicidios. El cotidiano mexicano se ha convertido en una narrativa crudísima que impacta en todos los sectores. El Instituto de Economía y Paz en México reveló que el costo de la violencia en nuestro país nos cuesta el equivalente al 16% del PIB, al menos así pasó en 2016. Esto es, unos 25 mil pesos por habitante. No es para menos. Por ejemplo, luego de que Reynosa se sumergiera de nueva cuenta en una crisis de violencia que ha dejado al menos 20 muertos en los últimos días, las pérdidas económicas ascienden a 380 millones de pesos, según los empresarios tamaulipecos que han tenido que cerrar sus comercios para mantener a salvo su seguridad y la de sus clientes.
“Los indicios de criminalidad en diferentes entidades federativas nuevamente comenzaron a regresar a escenarios del pasado que no queremos que vuelvan (…) No podemos permitir que los esfuerzos que se habían logrado en el pasado reciente, en el que habíamos logrado una tendencia a la baja de la criminalidad de distintos delitos, nuevamente estén regresando (los crímenes). Pero también he podido compartir con ustedes la necesidad de que cada gobierno local asuma esfuerzos propios…”, dijo Enrique Peña Nieto. Hoy sabemos que México es el segundo país más violento del mundo, apenas superado por Siria, pero por encima de otros territorios donde se ha vivido en guerra desde hace años.
Sin duda, para superar esa crisis hace falta un trabajo integral de todos los niveles de gobierno. Pero las palabras y promesas de cualquiera quedan rebasadas cuando vemos videos como el difundido ayer por Milenio, donde el Cártel Jalisco Nueva Generación realizó un gran reventón en Puente Grande. Porque ahí nos dicen quiénes tienen el control. Hasta encerrados y condenados hacen lo que les da la gana. Ese segundo lugar como el país más violento se lo debemos a esas autoridades que: a) no son lo suficientemente competentes para lidiar con el problema; o bien, b) solapan y se benefician de lo que los criminales hacen.
ADDENDUM. La semana pasada, mi querido colega Carlos Loret de Mola escribió en El Universal que en el debate generado en la SCJN se había votado para reservar los datos de los vuelos de la Presidencia. Comparto su indignación ante el fallo. Pero hay que precisar que el proyecto del ministro Javier Laynez proponía lo opuesto: abrir todos los datos (punto de origen y destino, fechas, horarios, etcétera), a excepción de detalles técnicos (como altitud o coordenadas de vuelo) por razones de seguridad nacional. Cuatro ministros votaron a favor de que se diera la información: José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el propio Laynez. El resto de los ministros decidieron reservar toda la información con respecto a las aeronaves del Estado Mayor Presidencial.
Fuente: Excelsior.com.mx