Seguridad interior, ¿ya?

Enrique Aranda

Luego de que, a principios del pasado diciembre, el general Salvador Cienfuegos explicitara el malestar de las Fuerzas Armadas al verse obligadas, desde hace una década ya, a realizar tareas reservadas a las policías, más de uno entre los dirigentes partidistas y/o coordinadores de las diferentes fracciones parlamentarias levantó la voz para garantizar la inmediata atención —“en un periodo extraordinario del Congreso, de ser necesario…”— del reclamo planteado por el titular de la Defensa Nacional.

Hoy, quince días escasos antes de la apertura del cuarto periodo ordinario de la actual Legislatura, la LXIII, poco o nada se ha concretado aunque, vale decir, existen ya tres iniciativas al menos que, presentadas por Acción Nacional (Roberto Gil), el PRD (Miguel Barbosa) y el PRI-gobierno (César Camacho), aspiran a atender la justificada exigencia del general secretario sí, pero que, más allá, coinciden en la necesidad de definir un marco legal que regule todo lo relativo a seguridad interior, entendida ésta como el mantenimiento de la paz social y niveles mínimos de seguridad amenazados hoy por la acción del crimen organizado.

Ahora que si bien tales propuestas coinciden en la esencial necesidad de que el Ejército y la Marina regresen a los cuarteles, es por demás evidente que plantean alternativas o vías de acción y tiempos muy distintos. Así, mientras el panismo apunta a la necesidad de crear un Comité Nacional de Seguridad Interior dependiente de Gobernación que, en su caso, regule el despliegue de las Fuerzas Armadas a nivel local o nacional, el perredismo habla de la urgencia de concretar el exigido retorno a los cuarteles en un periodo no mayor a seis meses aunque, vale decir, condiciona la opción a la comprobación, por parte del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad, de que los cuerpos policiacos de un estado o región en concreto están capacitados y en opción de responsabilizarse plenamente de la seguridad.

El priismo en su caso, que se inclina igualmente por posibilitar el retorno de militares y marinos al cumplimiento de las tareas que de manera específica les corresponden, habla sin embargo de mantenerles en actividades de inteligencia, de dotarles de un marco jurídico que esclarezca y justifique su despliegue e, incluso, de crear tribunales especiales que normen sus distintas actividades, en el supuesto de que deban realizar tareas que no les son propias.

En las próximas semanas, apenas comenzar el periodo ordinario de sesiones el 1 de febrero, presumiblemente, el asunto volverá a captar la atención pública dado que, en el supuesto de que esta vez sí se cumpla lo ofrecido, la legislación orientada a regular los temas relativos a Seguridad Interior, a nivel senatorial al menos, deberá estar siendo sometida a debate y votación ese mismo mes…

ASTERISCOS

*Todo listo, se afirma, para la designación del actual embajador en Ecuador, Jaime del Arenal, maestro y amigo del presidente Enrique Peña Nieto desde su paso por la Universidad Panamericana y de su antecesor Felipe Calderón por la Libre de Derecho, como nuevo representante de México ante el Vaticano. En la cancillería, ahora de Luis Videgaray, la apuesta es que esta semana se recibirá el placet solicitado para su nombramiento…

*Quien hoy mismo, apenas concluya su participación en un foro sobre el Tratado de Libre Comercio viajará a Washington, es el republicado Larry Rubin, presidente de la American Society, a quien no pocos ven como seguro sucesor de Roberta Jacobson en la embajada estadunidense. Lo interesante sería saber si su viaje a la capital norteamericana es sólo para asistir el viernes a la Casa Blanca o si, antes, tendrá algún encuentro cercano con el equipo del entrante Donald Trump

Veámonos el miércoles, con otro asunto De naturaleza política.

Twitter: @EnriqueArandaP

Información Excelsior.com.mx