Por Yuriria Sierra
Lo escribimos hace unos días: “hay muchos elementos de policía de primera y, más aún, por nuestra realidad, no deberían ser muchos, sino todos…”. Lo anotamos por los varios casos de abuso difundidos en los últimos días.
Aunque vale agregar que, así como exigimos, porque es nuestro derecho, tener cuerpos policiacos que nos generen confianza, también es su derecho ejercer una labor que les dé certidumbre, que les garantice seguridad. Y nadie sino el Estado y los distintos niveles de gobierno son los responsables de ello.
Los datos los reveló ayer la Asociación Causa en Común, que preside María Elena Morera: del primer día de 2018 al 30 de enero pasado fueron asesinados 953 policías en cumplimiento de su deber. 482 municipales, 413 estatales y 58 federales. Las cifras vistas, con más detalle: 452 ocurrieron en 2018; 446 en 2019; y el resto en lo que va de este año. Eso implica que en los últimos 25 meses ha muerto al menos un policía cada día.
Las condiciones de inseguridad del país, que no sólo se refiere al combate del crimen organizado, deberían estar obligando a las autoridades a enfocarse en la reagrupación de las corporaciones policiales. No sólo para proporcionarles mejor preparación y herramientas para el cumplimiento de sus labores, sino también para mantener incentivos.
Mejores sueldos es una de las urgencias para quienes dedican su vida a salvaguardar a los ciudadanos. Más aún cuando hay entidades con gravísimos problemas de violencia, como Guanajuato, estado que, por segundo año consecutivo, fue en donde mataron más policías.
Los delincuentes, desde los que comenten delitos del fuero común hasta los que son capaces de amedrentar ciudades enteras, ya no se limitan en el uso de la fuerza ni las armas.
Ayer mismo, en Imagen Noticias, llevé el momento en el cual un comando llega a una gasolinería en Ecatepec para asaltar a los encargados y los clientes que se encontraban en ese momento. Lo hicieron con metralletas en mano. Hace unos meses, supimos de las extorsiones en el transporte público, también en el Estado de México. Unidades incendiadas porque los operadores se negaron a pagar un derecho de piso que, además, no los exentaba de asaltos. La delincuencia cada día está “sofisticando” su modus operandi, ¿qué harán las autoridades para dotar a nuestros policías de lo esencial para su labor? ¿Cómo les garantizarán también seguridad a ellos?
El descrédito que algunas fuerzas policiales cargan también es responsabilidad de aquellos que son omisos ante las necesidades del primer contacto que la ciudadanía tiene cuando se habla en términos de seguridad y de justicia.
Addendum. Y ante las emergencias. Bien por Zoé Robledo quien aclaró la polémica por las pensiones. “No se rasura nada, no hay disminución…”, afirmó el director del Instituto Mexicano del Seguro Social.
Ante la alarma encendida por una resolución de la Corte publicada el 31 de enero, sobre el régimen de transición entre la ley derogada de 1973 y la Ley del Retiro de 1997, Robledo precisó que el tope de 10 salarios mínimos al que se refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación sólo es un criterio siempre que haya un juicio de por medio. Ninguna pensión corre riesgo.
Bien por el director del instituto al salir y calmar la polémica con esta rapidez. Información Excelsior.com.mx