¿Serán más leales a AMLO que a la Constitución algunos ministros de la SCJN?

Por Eduardo Ruiz-Healy

Ayer a las 11:14 horas (Centro) difundí este mensaje por mi cuenta de Twitter @ruizhealy: “¡#AMLO lo logró! Llenó hoy el Zócalo de la #CDMX y las plazas de muchas ciudades con cientos de miles de mexicanos que no están de acuerdo con su #PlanB y su pretensión de desmantelar al #INE para controlar las elecciones y favorecer a #MORENA. Como lo hizo el #PRI durante años”.

Acompañé mi tuit con una foto tomada de una webcam propiedad de webcamsdemexico.com instalada en el Gran Hotel de la Ciudad de México en donde se ve un Zócalo atiborrado, repleto de personas que no están de acuerdo con que el presidente Andrés Manuel López Obrador desmantele al Instituto Nacional Electoral (INE) con un solo fin: que las elecciones federales y estatales sean controladas por los morenistas y sus aliados (muchos de los cuales antes fueron priistas) que hoy tienen en sus manos al gobierno federal, a 22 gobiernos estatales, al Congreso federal y a 19 congresos locales.

Andrés Manuel pretende así terminar con un organismo que siempre detestó, desde que era el Instituto Federal Electoral (IFE), y más desde que este no le reconoció el triunfo que cree haber obtenido en las elecciones presidenciales de 2006 que perdió por una cantidad mínima de votos frente al hoy muy desprestigiado Felipe Calderón.

El presidente afirma que el INE es el “aparato de organización de elecciones más caro del mundo”, sin demostrar que sea cierto o no, y el alto presupuesto anual del organismo es el principal argumento que esgrime para mutilarlo por medio de las distintas reformas legales contenidas en su Plan B aprobadas por los legisladores de MORENA, PT y PVEM.

Además, según él, el INE “nunca garantizó elecciones limpias” y “permitió fraudes”, aunque nunca lo ha podido probar.

Respecto a su triunfo en 2018, el 20 de junio de 2020 dijo que “era imposible hacer un fraude”. Ese mismo día, al referirse a la estructura del INE, advirtió que buscaría “reajustar las estructuras, que no haya duplicidades”.

Reajustar esas estructuras fue su propósito mediante su frustrada reforma electoral y, al no poder lograrlo, optó por acabar con ellas mediante su Plan B que contempla despedir a miles de empleados del INE en todo el país.

Apenas entre en vigor el Plan B serán despedidos, de acuerdo con el INE, 413 funcionarios de las secretarías, direcciones ejecutivas y unidades técnicas que trabajan en sus oficinas centrales, 358 funcionarios de las juntas locales ejecutivas y 5080 de las oficinas distritales.

Indemnizarlos nos va a costar a todos los mexicanos 3500 millones de pesos, casi el 25% del presupuesto del INE para este año.

La mayoría de los constitucionalistas que he consultado sobre el tema opinan que gran parte de las reformas comprendidas en el Plan B van en contra de la Constitución y que por lo menos ocho de los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) deberían votar para invalidarlas. Desafortunadamente, esos mismos expertos me dicen que algunos ministros parecen ser más leales a AMLO que a la Constitución, lo que podría ser suficiente para que el Plan B entre en vigor, acabe con el INE y contribuya a debilitar aún más el complicado experimento democrático de nuestro país.

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