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Por Francisco Garfias
Como todos sabemos, Rosario Robles purga “prisión preventiva justificada”, luego de que el sobrino-juez de Dolores Padierna, su férrea enemiga política, considerara que puede fugarse.
El juez Delgadillo Padierna la metió al bote basado en una licencia de manejar con una dirección falsa —y una foto extraída de internet— que nunca puso a la vista de los abogados de la inculpada.
La exsecretaria de Estado es acusada de ejercicio indebido de la función pública; ya fue inhabilitada por la Función Pública. Su proceso está en curso. No ha sido sentenciada.
No se entiende por qué las comisiones de Justicia y de Gobernación de la Cámara de Diputados, en una acción de última hora, votaron a favor de remitir su expediente a la Sección Instructora, controlada por Morena, para que sea sometida a juicio político por la llamada Estafa Maestra.
A la reunión de comisiones no asistieron los diputados del PRI. Sólo llegaron a votar en contra. Uno de ellos es Enrique Ochoa Reza, expresidente del PRI.
Nos dijo:
“Voté en contra el juicio político, primero porque es violatorio al debido proceso. Segundo: hay un amplio listado de anteriores administraciones todavía pendientes de dictaminar en las comisiones referidas.
“La ley es clara. No se puede atender un asunto hasta haber agotado, en estricto orden, todos los casos anteriores del listado. Aspecto que no se atendió”.
Un tercer elemento mencionado por Ochoa Reza es que la sanción derivada de un juicio político es la separación del cargo o la inhabilitación para ocupar cargos futuros.
Robles no es funcionaria pública y está inhabilitada por 10 años. En consecuencia, este procedimiento parece más un show mediático.
Una diputada de Morena, Lorena Villavicencio, tuvo el valor de hacer preguntas que mueven a sospecha sobre los objetivos del juicio.
“¿Por qué se inicia este juicio político que va a tener efectos en una persona cuando ya está en la cárcel y tiene una inhabilitación? ¿Cuál es el objetivo?
“¿Por qué sólo Rosario, si la Estafa Maestra involucró a otros funcionarios?
Villavicencio puso sobre la mesa el tema de las garantías procesales para la enjuiciada que establece el artículo 18 de la Ley de Responsabilidades de Servidores Públicos.
Ese artículo dice que debe comparecer de manera personal. No hay posibilidad de que sea asistida por su defensor, como sugirieron algunos.
Dato curioso: Es la primera vez que hay un juicio político desde 1926. Se le hizo entonces a José Guadalupe Zuno, entonces gobernador de Jalisco y, posteriormente, suegro de Luis Echeverría.
No confundir con los juicios de procedencia al senador Jorge Díaz Serrano, en 1983; Bejarano, en 2004; y al mismísimo López Obrador, en 2005.
Mario Delgado dio un albazo. Sacó al PAN de la Sección Instructora que se encargará de llevar al pleno el juicio político. Parece un ajuste de cuentas a los azules por no haber asistido a la aprobación del Presupuesto 2020 en Expo Santa Fe.
“Es una muestra más de su autoritarismo y su afán por aplastar las minorías”, escribió en Twitter el coordinador de los diputados del PAN, Juan Carlos Romero Hicks.
La Sección Instructora se integra con cuatro diputados: Pablo Gómez y Martha Patricia Ramírez, de Morena; Ivonne Álvarez, del PRI, y Ana Ruth García, del PT. Esa composición nos adelanta el resultado.
Si nos atenemos al artículo 114 de la Constitución, después del 30 de noviembre ningún servidor público del régimen anterior puede ser sujeto a juicio político.
Dice textual: “El juicio político sólo puede iniciarse durante el periodo en el que el servidor público desempeñe su cargo y dentro de un año después”.
Saque conclusiones.
Se va un grande de la lente. Julio González, camarógrafo de Televisa, deja de trabajar hoy. Decidió jubilarse a los 63 años por motivos muy personales. Hereda un incomparable archivo de imágenes que comenzó a recoger desde que tenía 16 años.
Buen compañero, mejor amigo, deja un hueco difícil de llenar. Te vamos a extrañar Changuito. Información Excelsior.com.mx