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Por Pascal Beltrán del Rio
Han pasado casi nueve meses desde que se comenzó a denunciar la escasez de medicamentos oncológicos en hospitales e institutos públicos, y en ese lapso el gobierno no ha podido resolver el problema.
El presidente Andrés Manuel López Obrador y sus funcionarios del sector salud aseguran que el desabasto no existe, y que el hecho de que los niños no hayan podido recibir sus quimioterapias a tiempo es culpa de la corrupción.
Hace nueve meses, si no es que más, se habla de empresas farmacéuticas coludidas con funcionarios que buscan mantener los privilegios que se incubaron en el pasado.
Ayer, el Presidente fue más allá. Dijo que era “una hipótesis” que los directores de los hospitales públicos donde se atienden a los niños con cáncer “están causando este descontrol por los contratos que tienen con la empresa PiSA, que era la que abastecía y resulta que no tiene medicamentos, y quieren ellos seguir teniendo el control…”.
Y agregó: “Por eso la Secretaría de la Función Pública va a abrir una investigación”.
A pregunta expresa, en la conferencia mañanera en Palacio Nacional, López Obrador dijo que quien en concreto sería investigado sería el director del Hospital Infantil Federico Gómez, Jaime Nieto Zermeño, a quien no mencionó por su nombre.
Los padres de los niños con cáncer llevan nueve meses de lo mismo. Señalamientos, acusaciones, advertencias, hipótesis. ¿Y los medicamentos? Surtidos a cuentagotas, en el mejor de los casos.
La razón por la que el desabasto que afecta a estos niños se convirtió en el tema principal de la mañanera de ayer es porque sus padres, preocupados hasta la saciedad, subieron el nivel de sus protestas la tarde del miércoles y acudieron al Aeropuerto Internacional Benito Juárez, con la intención de acostarse en las pistas.
Tuvo que intervenir la policía para evitar que la protesta llegara a eso. Sin respuesta por parte del gobierno, los padres se presentaron ayer a primera hora en Palacio Nacional, con la intención de estar en la mañanera.
La respuesta fue cerrarles el portón. Sin embargo, el propio mandatario cambió el enfoque de la conferencia y anunció, de inicio, que informaría sobre el caso.
“No estoy culpando a nadie en el caso particular de los padres, mucho menos a los niños”, expresó.
Pero de inmediato retomó las explicaciones que ha dado cada vez que este tema irrumpe en la discusión pública: “Tenemos resistencias porque había mucha corrupción en el sector salud”.
Agregó: “Los que no quieren dejar de robar presionan y piensan que de esa manera vamos nosotros a dar marcha atrás en las decisiones que hemos tomado de no permitir la corrupción. Pueden seguir manipulando, distorsionando las cosas, pero nosotros no vamos a ceder”.
Lo que no debiera pasar es que se regularicen los tratamientos sólo cuando se acabe la corrupción que existe a decir del gobierno.
Se puede y se debe combatir la corrupción. Se puede y se debe ir por los corruptos (respetando, por supuesto, el debido proceso). Pero hay que hacerlo sin suspender ni diferir las quimioterapias, que tienen protocolos muy precisos.
Si hay mafias, si hay corruptelas, hay que ir tras ellas. López Obrador ya no está en la oposición. Hoy es el Presidente y está en el gobierno. Y el gobierno tiene las herramientas para castigar a empresas y personas que estarían impidiendo, por sus intereses, que los medicamentos lleguen a los niños.
Que se presente la denuncia ante la Fiscalía General de la República, no ante la inútil y desacreditada Secretaría de la Función Pública.
Y simultáneamente –porque es responsabilidad del gobierno–, se deben encontrar dichos medicamentos. Sea donde sea y cueste lo que cueste. Porque nada es más importante que la vida. Información Excelsior.com.mx