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Por su parte, la senadora Martha Elena García Gómez solicitó a autoridades federales y locales destinar de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes afectados por los sismos.
3 de octubre de 2017.- La senadora Mariana Gómez del Campo Gurza exhortó a la Auditoría Superior de la Federación (ASF) a auditar y fiscalizar, de manera simultánea con la Secretaría de la Función Pública (SFP), los recursos del Fondo de Desastres Naturales (Fonden) que se destinarán para la reconstrucción en entidades afectadas por los sismos ocurridos el 7 y el 19 de septiembre pasados, con el fin de prevenir cualquier acto de corrupción o desvío y garantizar su uso de forma oportuna, responsable, eficaz y transparente.
Mediante un punto de acuerdo promovido en la sesión pública del Senado, solicitó también a la ASF presentar las denuncias correspondientes ante la Procuraduría General de la República (PGR) por cualquier irregularidad que detecte en el manejo de los recursos del Fonden, destinados a la reconstrucción en las entidades afectadas por los sismos, para evitar que se sustraigan de la acción de la justicia quienes resulten responsables.
“Es importante mencionar el rol que tiene la ASF y recordar que analizó el Fondo de Atención de Emergencias de al menos 20 entidades federativas, las cuales sufrieron algún tipo de desastre natural, entre las que se encuentran Baja California Sur, Campeche, Coahuila, Chiapas, Chihuahua, Durango, Guerrero, Hidalgo, Estado de México, Michoacán, Nuevo León, Oaxaca, Quintana Roo, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala, Veracruz y Zacatecas”, apuntó.
Los recursos destinados a dichos estados, agregó la legisladora por la Ciudad de México, fueron 2 mil 721 millones 416 mil 400 pesos, en los cuales se presentaron irregularidades como deficiencias en el seguimiento de la emisión de recibos de pago a proveedores, falta de documentación que acreditara la entrega de ayuda a población afectada y falta de evidencia de distribución de material de curación.
“Lo anterior es una muestra de lo arraigada que se encuentra la corrupción en nuestro sistema, pero todavía es más preocupante que se den este tipo de delitos en recursos que son para la ayuda de comunidades que se encuentran en situación de emergencia, lo que refleja una falta de valores y principios en nuestra sociedad”, afirmó.
Por ello, Gómez del Campo Gurza indicó que es urgente que se realice una revisión paso a paso y puntual de los recursos que se destinan para este tipo de situaciones.
“Que la ASF sea quien revise los recursos que se destinan por parte del Fonden, ya que existe una preocupación generalizada de que los recursos lleguen a su destino y se apliquen de manera transparente”, reiteró.
En otro punto de acuerdo, la senadora panista Martha Elena García Gómez pidió a las secretarías de Gobernación (Segob) y de Hacienda y Crédito Público (SHCP), así como a los gobiernos de la Ciudad de México, Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos y Oaxaca, destinar de manera prioritaria recursos para la atención integral de niñas, niños y adolescentes afectados por los sismos.
Además, exhortó al Ejecutivo federal y a los gobiernos de Chiapas, Estado de México, Puebla, Morelos, Oaxaca y de la Ciudad de México a diseñar e implementar, mediante el Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes y de los Sistemas Locales, acciones afirmativas tendientes a eliminar obstáculos que impiden la igualdad de acceso y de oportunidades a la alimentación, a la educación y a la atención médica para las niñas, niños y adolescentes que fueron afectados por los sismos.
Es fundamental que los recursos presupuestales asignados a la atención de la emergencia prioricen la atención integral de niñas, niños y adolescentes, bajo el derecho de prioridad y tomando en cuenta el interés superior de la niñez”, expuso García Gómez.
La legisladora por Nayarit solicitó también a la Coordinación Nacional de Protección Civil incorporar la perspectiva de género en la atención de las mujeres, las niñas y las adolescentes que fueron perjudicados por los temblores del 7 y 19 septiembre pasados.
“Ante los sismos ocurridos, y ante cualquier otro desastre natural, resulta necesaria la integración de la perspectiva de género en cualquier política pública o plan de acción que el Gobierno mexicano realice para la atención de las mujeres, niñas y adolescentes en nuestro país”, dijo.
Lo anterior, continuó García Gómez, implica reconocer las desigualdades de género y las diferentes necesidades entre mujeres hombres.
