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El 71% de las cárceles municipales en malas condiciones
Mérida, Yuc., a 26 de febrero de 2020.- En el marco del Informe Anual de Actividades, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (CODHEY) presentó un diagnóstico de las condiciones encontradas en los centros de salud y en las cárceles públicas de los 106 municipios de la entidad.
Ante los diputados de la LXII Legislatura, el Presidente de la CODHEY, Miguel Óscar Sabido Santana, presentó el resultado de las investigaciones realizadas durante 2019 por el Centro de Supervisión Permanente a Organismos Públicos.
De las supervisiones realizadas a 120 centros de salud, de los 138 ubicados en los diversos municipios y comisarías de la entidad, se encontró: falta de personal; de equipos médicos; medicamentos e insumos; de mantenimiento de sus instalaciones; y de los equipos médicos existentes, entre otros.
Los centros que presentaron mayores deficiencias en cuanto a personal, infraestructura o equipamiento médico, son los ubicados en: Cenotillo; San Ignacio y Chelem comisarías de Progreso; Caucel, comisaría de Mérida; Sotuta; Hunucmá; Umán; X’Canchakán comisaría de Tecoh; Libre Unión, comisaría de Yaxcabá; Sanahcat, San Francisco comisaría de Tinum; Tahdziú; Tahmuy, comisaría de Valladolid; y Sisbichén, comisaría de Chemax.
Y los centros que reportaron mejores condiciones están en Chichimilá; X-Ualtez, comisaría de Espita; Temozón; Sisal, comisaría de Hunucmá; y Chuburná Puerto, comisaría de Progreso.
Por lo que exhortó a las autoridades promover el trato digno y adecuado para los pacientes y sus familiares así como brindar en todos los centros de salud, servicios más efectivos y de calidad.
En el programa de supervisiones, se realizaron visitas a los hospitales públicos como el Hospital General Dr. Agustín O´Horán, Hospital Psiquiátrico de Yucatán, Hospital General de Tekax, Hospital Materno Infantil, Hospital Comunitario de Peto, Hospital Comunitario de Ticul, Hospital General “San Carlos” de Tizimín y Hospital General de Valladolid, donde también se advirtieron necesidades tales como: insuficiencia de personal médico, de enfermería y de seguridad; la falta de infraestructura y de equipamiento adecuado en sus instalaciones; desabasto de medicamentos; y en algunos casos, la falta de sensibilización del personal en su trato hacia los usuarios.
Las supervisiones también incluyeron las cárceles municipales y a las instalaciones del área de detención de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado, donde se observó que el 71% de los municipios no cumple con las condiciones mínimas que deben prevalecer en los centros de detención.
Entre las condiciones que predominan se encuentran: falta de lugares de aseguramiento en buenas condiciones materiales y de higiene; carecen de registros de ingresos y egresos de las personas detenidas; hay omisiones para notificar a sus familiares sobre la situación jurídica de la persona arrestada y/o detenida, así como el derecho a visitas y llamadas telefónicas; separación de la población arrestada, ya sea por género, por edad o por alguna condición especial; examinación médica; contar con Bando de Policía y Gobierno; así como personal suficiente y capacitado para el desempeño de sus labores, entre otras.
Las 10 cárceles que carecían de las condiciones mínimas de infraestructura son las de: Acanceh, Chemax, Chikindzonot, Dzan, Izamal, Tahmek, Tecoh, Ticul, Tzucacab y Yobaín; y los municipios que han realizado cambios de sede y/o mejoramiento de infraestructura, y que han mejorado considerablemente las condiciones son: Buctzotz, Dzidzantún, Dzilam de Bravo, Muna, Opichén, Suma de Hidalgo, Tekax, Tepakán, Tixkokob, Tixpéual, Tizimín y Valladolid.
