Temblor, ciudadanos y partidocracia

Por Pascal Beltrán del Rio

La organización espontánea de la ciudadanía que se dio en torno de los sismos de 1985 fue el principio del fin de la hegemonía del PRI.

A partir de 1986, el entonces partido de Estado comenzó a enfrentar comicios cada vez más competidos.

Fuera de la elección federal intermedia de 1991 –cuando el tricolor arrasó a la oposición–, uno puede trazar una línea entre los terremotos de 1985 y su caída de la Presidencia en 2000.

Durante ese lapso de 15 años, el PRI enfrentó acusaciones muy serias de fraude en las elecciones de gobernador de Chihuahua de 1986 y las presidenciales de 1988; experimentó su mayor división interna en 1987; perdió diez gubernaturas entre 1989 y 1999 y en 1997 dejó de ser mayoría en la Cámara de Diputados.

No cabe duda de que aquel declive comenzó a raíz del pasmo del gobierno federal en 1985 –un tiempo en que aún todas las gubernaturas y las dos cámaras del Congreso estaban en manos del PRI–, lo que dio origen a una confluencia de los ciudadanos para hacer frente a los daños provocados por los sismos.

Hoy han pasado apenas tres días desde el temblor del martes 19 de septiembre y aún es temprano para sacar conclusiones sobre los efectos que la organización ciudadana, que ha vuelto a aparecer, tendrá sobre el escenario político.

Sin embargo, sí veo algunas señales de lo que podría pasar. Entre ellas, una creciente irritación que se expresa en la sociedad contra la partidocracia.

Esa alianza informal de los participantes en el sistema político –que se reparten los cargos de elección popular y el gasto del dinero público y que suelen cubrirse las espaldas unos a otros– se ha topado con la molestia manifiesta de muchos ciudadanos que no militan en partido alguno.

A principios de septiembre convergieron dos noticias: la publicación del costo que tendrán las elecciones de 2018 y el sismo del 7 de septiembre que causó graves daños en Oaxaca y Chiapas.

La molestia con la cantidad de dinero que se destinará a la organización de las elecciones federales (18 mil millones) y lo que gastarán los partidos en las campañas federales (siete mil millones) encontró una caja de resonancia en la devastación de Juchitán, la ciudad más afectada por aquel terremoto.

De forma espontánea, muchos comenzaron a cuestionar en las redes sociales por qué se gastaba tanto dinero en elecciones habiendo tantas necesidades que enfrentar en el sureste.

Y lanzaron la propuesta de que le quitaran el dinero al Instituto Nacional Electoral y a los partidos para destinar esa cantidad a paliar los daños.

La imagen de una política ofensivamente cara chocó, en la mente de muchos, con la miseria ofensiva del sureste.

El contraste fue inevitable. Y la exigencia creció cuando se derrumbaron miles de casas y edificios en seis entidades del centro del país por efecto del sismo del martes pasado.

Repentinamente, los partidos buscaron de subirse a la ola de la indignación. Los dirigentes nacionales de Morena, PRI, PAN y PRD recurrieron a las redes sociales para decir que estaban de acuerdo con “destinar” o “donar” una parte de sus prerrogativas para apoyar a los damnificados.

Eso de nada les sirvió y sólo provocó mayor molestia. En las redes sociales, les recordaron que el dinero para los partidos que sale del erario no es de ellos, sino de los ciudadanos y, por lo tanto, no pueden pararse el cuello donándolo.

Ayer por la tarde, el PRI fue más allá y, en un comunicado, renunció “al resto de las prerrogativas que, conforme a la ley, tiene derecho a recibir en 2017”, para que “se destinen inmediatamente a la reconstrucción”.

La reacción de los cuatro líderes ha demostrado que los integrantes de la partidocracia podrán parecer enfrentados, y hasta atacarse unos a otros en la disputa por el poder, pero están unidos en lo esencial: su visión patrimonialista de los bienes públicos.

Si los partidos de verdad están de acuerdo en que el gasto en elecciones es excesivo, que lo demuestren con una reforma constitucional que cambie la fórmula con que actualmente se asignan las prerrogativas.

Los damnificados, y los ciudadanos en general, no necesitan que los partidos les hagan regalos con el dinero que es de ellos, no de los políticos.

La clase política integrada en la partidocracia debe leer con cuidado la molestia de los ciudadanos y no subestimarla. El PRI no quiso escuchar en 1985 y terminó por perder el poder.Información Excelsior.com.mx