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Conkal, Yuc., 26 de enero 2025.- El Complejo de Seguridad C-4, construido durante la administración de la exalcaldesa Hiselle Díaz del Castillo Canché en Conkal, enfrenta un futuro incierto, ya que fue edificado en un terreno de propiedad privada. El dueño del predio, quien asegura no haber autorizado la obra, exige el pago del terreno o la desocupación del mismo y amenaza con demoler la construcción.
La actual alcaldesa, Linda Pérez Quijano, informó que el propietario acudió al Ayuntamiento el pasado viernes para reclamar su terreno, el cual ha puesto a la venta por un monto de 10 millones de pesos y ya cuenta con un comprador potencial.
Irregularidades detectadas
En una entrevista realizada por Grupo Megamedia, Pérez Quijano reveló que tras recibir el reclamo del propietario, revisó los antecedentes del proyecto y encontró que el terreno nunca fue adquirido legalmente por el municipio. A pesar de que la obra fue aprobada en una sesión de Cabildo el 21 de noviembre de 2023 y financiada en parte con recursos del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios (Fortamun), la administración anterior avanzó con la construcción sin resolver la tenencia del terreno.
El proyecto tuvo un costo total de $16,600,613.25 pesos, de los cuales Fortamun aportó el 43% y los recursos municipales cubrieron el resto. Sin embargo, todo se realizó sobre una propiedad privada sin autorización del dueño, quien incluso intentó detener la construcción cuando esta tenía un avance del 70%.
Promesas incumplidas
El propietario asegura que la entonces alcaldesa Hiselle Díaz del Castillo reconoció el error y se comprometió a pagarle 15 millones de pesos en un plazo de dos a tres meses, pero tras la derrota de su candidato en las elecciones, dejó de responder sus llamadas y mensajes.
Acciones legales en curso
Ante esta situación, Pérez Quijano ha anunciado que presentará denuncias contra su antecesora por presunto desvío de recursos, ya que se utilizó dinero público para una obra en un terreno ajeno al municipio. Según la alcaldesa, este caso podría convertirse en un serio escándalo que implique responsabilidades legales para la administración anterior.
“El dueño cuenta con documentos que prueban su legítima propiedad, incluyendo registros del Insejupy y el Catastro Municipal. Esta administración está comprometida a esclarecer los hechos y actuar conforme a la ley”, afirmó la alcaldesa.
El futuro del Complejo de Seguridad C-4 y de los recursos invertidos en él ahora depende de las acciones legales y la negociación con el propietario. Mientras tanto, las autoridades municipales buscan una solución para evitar que se pierda una obra de importancia estratégica para el municipio.
Información Megamedia
