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Mérida ha sufrido un duro golpe a sus finanzas y el único responsable de esa situación es el Partido Acción Nacional.
Los ayuntamientos encabezados por PAN se lanzaron a realizar una rescisión incorrecta y hoy plenamente ilegal del contrato de las luminarias del alumbrado público municipal. Esa mala decisión, que sólo correspondió a Acción Nacional, costará ahora, a todos los meridanos, una cantidad que probablemente superará los 300 millones de pesos.
Si el PAN no estaba conforme con los términos originales del contrato de las luminarias y las características técnicas de las mismas, debió haber establecido una renegociación seria de dicho acuerdo o seguir los pasos legales para cancelar dicho contrato. La solución no era romper irresponsablemente un contrato y luego comprar, sin una licitación pública, nuevas luminarias.
Una decisión administrativa, que resultó caprichosa y autoritaria, por parte del entonces alcalde Renán Barrera, ha ocasionado que hoy el ayuntamiento de Mérida sea básicamente condenado a pagar rentas atrasadas, rentas por la totalidad de las mensualidades del contrato de luminarias (así las luminarias originales no se sigan utilizado), además de intereses moratorios. Mérida no se merece una decisión de gobierno tan mal tomada; lo reiteramos: romper el contrato de esa forma fue decisión del PAN y ahora todos deberemos pagar las consecuencias del desperdicio de recursos públicos para pagar litigios que tuvieron un origen político y una clara intención electoral.
El actual alcalde panista, Mauricio Vila, debe ahora decidir entre cubrir las espaldas a su antecesor y compañero militante, o poner primero el bienestar de Mérida y sus habitantes. Hay que estar atentos a sus acciones. Renán Barrera tomó una mala decisión administrativa que le ha costado a Mérida cientos de millones de pesos, es obvio que él debe ser llamado a cuentas por la ciudadanía ante un posible daño patrimonial contra nuestra ciudad.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación, un Poder del Estado Mexicano, completamente apartidista, integrado por miembros que deben ser ratificados por una mayoría constitucional en el Senado de la República, ha emitido su fallo, y ahora éste debe ser acatado y deben asignarse las debidas responsabilidades legales y administrativas.
En ese sentido, lamentamos las declaraciones ligeras de Renán Barrera, en las que acusa a la Suprema Corte de favorecer la corrupción, la impunidad y de hacer acuerdos en lo oscuro. Ese ataque visceral a las instituciones que son de todos, especialmente a una de las más respetadas, pone en evidencia, una vez más, la actitud caprichosa y autoritaria de quien es el principal responsable del daño que los meridano hemos sufrido en las finanzas municipales.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación no falló contra Mérida ni contra los meridanos, falló contra una rescisión ilegal y mal llevada de un contrato por parte de la administración panista de Mérida. La Suprema Corte de Justicia de la Nación hizo valer el marco jurídico que a todos nos toca respetar en el estado más seguro del país.
Gobernar es asumir responsabilidades y rendir cuentas, es tiempo que el PAN se decida a rendir cuentas sin excusas y asumir las responsabilidades que son sólo suyas.
