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Por Pascal Beltrán del Rio
Una combinación de elevar al doble el salario mínimo fronterizo, la ausencia de la Secretaría del Trabajo, la desaparición de la policía municipal y la negativa del gobierno federal de aplicar la ley tiene en vilo a la industria maquiladora de Matamoros, Tamaulipas, que da empleo a 85 mil trabajadores.
Azuzados por líderes sindicales asociados con el senador Napoleón Gómez Urrutia –de acuerdo con diversas notas periodísticas–, los trabajadores de 45 plantas se fueron a huelga el viernes. Las demandas de sus representantes fueron un aumento salarial de 20% –que contrasta con los incrementos, consistentes con la inflación, que se han dado en otras partes del país– y el pago de un bono de 32 mil pesos calculado con base en el nuevo salario mínimo de la región fronteriza, de 176.72 pesos diarios, en lugar del que se pagaba antes del 1 de enero, de 88.36 pesos.
De acuerdo con Rolando González Barrón, presidente de la Asociación de Maquiladoras de Matamoros, el pliego petitorio de los trabajadores implicaba un aumento equivalente a 14 millones de dólares en el presupuesto de las empresas, las cuales ya habían tenido que ajustar el salario de 18 mil trabajadores que ganaban menos que el nuevo salario mínimo, un incremento de 15%.
Diecisiete de esas empresas decidieron arreglarse con los sindicatos, pagando lo exigido. Otras 23 acudieron ante las autoridades laborales para buscar que se declarara inexistente la huelga, lo cual se había cumplido en 13 casos al momento de escribir estas líneas, y se esperaba que sucediera lo mismo con las demás.
De las restantes, cuatro anunciaron que cerrarán sus puertas y se irán de la ciudad. Se trata de Cepillos de Matamoros, Packard de Matamoros, Kearfott y Signal Processing, lo cual implica la cancelación de varios miles de empleos. Sin embargo, podrían ser hasta 15 las que se vayan.
En entrevista para Imagen Radio, pregunté a González Barrón si el primer grupo de empresas se había precipitado al acceder a negociar las demandas. “Es que no hubo negociación”, me dijo. “Las forzaron a aceptarlas. Los agitadores profesionales que llegaron les dijeron que aun si lograban la declaración de invalidez de la huelga, ellos se encargarían de bloquear la entrada de las empresas para que no pudieran operar”.
Algunas de las empresas que ganaron el litigio ya están experimentando justo eso. La legislación laboral establece que, cuando se declara ilegal una huelga, los trabajadores deben regresar, pero éstos se están encontrando con piquetes de personas que, a decir de González Barrón, “quién sabe quiénes sean”.
Para el líder empresarial, hay “una ausencia total de la autoridad federal en el conflicto”, lo cual ha contribuido a terminar con un lapso de tres décadas de paz laboral en la ciudad fronteriza.
“Llevábamos años sin huelgas, pero ahora llegó este gobierno federal a empoderar a la gente, pero sin las armas para sancionarla en caso de que haga algo más allá de lo permitido legalmente”, me dijo.
Explicó que Matamoros no tiene policía municipal y que las autoridades estatales les enviaron a algunos elementos y patrullas, pero que “son insuficientes ante lo que estamos viviendo”.
El lunes pasado, al comentar el bloqueo de vías férreas en Michoacán, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que no usaría la fuerza pública para retirar a los inconformes, que en ese caso son maestros de la CNTE.
“Aquí es previsible que suceda lo mismo”, se lamentó González Barrón.
—¿Cómo va a terminar este conflicto?
—Las empresas se van a ir a lugares donde encuentren condiciones para operar. Unas antes, otras después. Eso ya lo vivimos aquí a finales de los años 90, cuando se fueron 60 empresas, dejando sin fuente de empleo a 35 mil trabajadores”.
El caso de Cepillos de Matamoros es ilustrativo. Para cumplir con las demandas, la empresa hubiera requerido de 54 millones de pesos, que, obviamente, no tenía presupuestados. Ahora se irá a Reynosa o a Querétaro.
Por lo pronto, agregó González Barrón, 32 de las 45 empresas pararon sus proyectos de inversión.
Sería lamentable que la tormenta perfecta vivida en Matamoros se extendiera a otras ciudades de la frontera y las empresas asentadas ahí comenzaran a mudarse, porque, como dice el representante de los maquiladores, con lo que les exigen los líderes sindicales pueden poner una planta nueva.
No podemos olvidar que 88% de las exportaciones mexicanas en 2018 fueron productos manufacturados. Hace años la industria de exportación sustituyó al petróleo como motor de la economía, gracias a la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Sin embargo, el país no tiene un sector sustituto para impulsarse en caso de que falle el de la manufactura.
Dejar que se impongan los criterios ideológicos y no cumplir con el deber constitucional de hacer valer la ley –en Michoacán, Tamaulipas y todo el país– puede tener efectos desastrosos. Información Excelsior.com.mx