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Por Jorge Fernández Menéndez
En realidad, la Suprema Corte de Justicia de la Nación no “está dando un mal ejemplo”, como dice el presidente López Obrador. La Corte está haciendo su tarea de contrapeso legal y al aceptar revisar la Ley de Remuneraciones de servidores públicos simplemente está ejerciendo un derecho constitucional sobre una ley que está mal construida y redactada.
El presidente López Obrador está en todo su derecho de reducir su salario e incluso el de sus colaboradores, pero no puede obligar a hacerlo a otros poderes, como el Judicial, que tiene autonomía al respecto o a instituciones autónomas. Incluso legalmente no puede hacerlo con los trabajadores que tienen derechos adquiridos legalmente.
Insistir en que los ministros de la Corte son corruptos porque ganan 600 mil pesos mensuales no sólo es un abuso verbal del Presidente o los legisladores contra los integrantes de otro poder, sino también una falsedad: el salario de los ministros es de aproximadamente 290 mil pesos mensuales. En el caso de los trabajadores del poder Judicial simplemente el Ejecutivo no puede establecer sus salarios, ya que se trata de un poder autónomo.
La ley de Remuneraciones viola normas constitucionales y debe ser revaluada si el Presidente insiste, como lo hará, en que nadie gane en el sector público más que los 108 mil pesos que se ha fijado a sí mismo de salario. Recordemos que no sólo ha sido la Corte la que ha aceptado, vía el ministro Alberto Pérez Dayán, revisar la constitucionalidad de la Ley como lo reclamaron 55 senadores de oposición, también la Comisión Nacional de Derechos Humanos ha solicitado una acción similar y son centenares las solicitudes de amparo que se han presentado en distintos juzgados. Si se quiere imponer esa ley, tendrá que ser revisada y elaborada nuevamente asumiendo los espacios en los que el Ejecutivo no tiene autoridad para imponer los salarios e incluso dejando abierta la posibilidad de excepciones para ciertas responsabilidades laborales que requieren de especialistas muy bien pagados.
Pero ése no fue el único contratiempo legal que ha sufrido el Ejecutivo. El segundo ocurrió el sábado, cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación desestimó la moción del magistrado José Luis Vargas para anular las elecciones en Puebla, y ratificó el triunfo de la panista Martha Erika Alonso, esposa del exgobernador de la misma entidad y actual líder del PAN en el senado, Rafael Moreno Valle. Ni había elementos suficientes para anular los comicios ni podía comprobarse la supuesta ruptura de la cadena de custodia de los paquetes electorales ni tampoco alcanzaban los hechos de violencia en 59 casillas para anular los comicios, mismos que tuvieron incluso un recuento voto por voto. Alonso será la próxima gobernadora de Puebla y con ello se fortalece el polo de poder en el PAN que representa Moreno Valle.
La tercera mala noticia para la nueva administración no provino de los tribunales mexicanos sino de los tenedores de bonos del aeropuerto de Texcoco que no han aceptado el programa de recompra que propuso el gobierno mexicano y esperan una mejor oferta o irse a tribunales, con la diferencia de que serán los tribunales neoyorquinos los que, según esos títulos, deberán decidir la ruta a seguir. Mientras tanto, continúa la construcción de una obra supuestamente cancelada y aumenta el costo de lo que se tendrá que pagar para no construir el aeropuerto, con una operación de salvataje que recuerda mucho al Fobaproa, porque privatiza las ganancias y socializa las pérdidas.
Lo absurdo de esto es que se terminará pagando aproximadamente lo mismo por no construir el aeropuerto que lo que se hubiera pagado por terminarlo. Hay que insistir en un tema: Texcoco debería concluirse. Si el Estado no quiere invertir en él, hay empresas dispuestas a terminar su construcción, pagar por lo ya invertido y recibirlo en concesión, porque es un gran negocio. Porque para las alternativas propuestas, como Santa Lucía, no existe ni siquiera un proyecto ejecutivo elaborado ni un estudio de mecánica de suelos o de impacto ambiental. La empresa Mitre insiste en que no son compatibles las rutas de aproximación de los aeropuertos de Santa Lucía y el actual en Ciudad de México, y sin su visto bueno, muchas aerolíneas internacionales no volarán a esos aeropuertos.
Y para colmo, los integrantes del equipo gubernamental no se ponen de acuerdo siquiera en cómo funcionarían esos aeropuertos. Según el secretario de turismo, Miguel Torruco, Santa Lucía recibiría vuelos internacionales y el actual, vuelos nacionales, mientras que el secretario de Comunicaciones y Transportes, Javier Jiménez Espriú, asegura que los tres aeropuertos, los dos citados más Toluca, recibirán por igual vuelos nacionales e internacionales. Habrá que ver qué aerolínea soporta semejante desbarajuste logístico.
Son tres graves contratiempos que surgen, por lo menos en el caso de la Ley de Remuneraciones y de los bonos aeroportuarios, de errores cometidos por la prisa y el arrebato. Errores que podrían superarse con facilidad si en lugar de recurrir al enfrentamiento se optara por la rectificación de los mismos. Sería simplemente un ejercicio de sensatez y voluntad política. Información Excelsior.com.mx