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Con el objeto de conocer las inquietudes de los operadores y actores del sistema electoral que puedan reflejarse en una reforma a la legislación, el día de hoy se llevó a cabo el Parlamento Abierto “Hacia una Reforma Electoral” organizado por la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, a través de la Subcomisión Electoral y de Partidos Políticos, y la Comisión de Gobernación y Población, en dicho foro participaron los consejeros de institutos electorales y magistrados de los tribunales electorales locales de los estados de Yucatán, Campeche, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Chiapas y Oaxaca, la Sala Regional Xalapa así como también líderes de partidos políticos y diputados locales y federales de los estados antes mencionados.
Los participantes en el foro, plantearon de acuerdo a su experiencia, de manera libre las adecuaciones que consideraron pertinentes para el análisis de alguna propuesta o iniciativa de ley. En su participación, el Magistrado de este Órgano Jurisdiccional, Licenciado Armando Valdez Morales aseveró que durante los últimos años se ha trabajado con fuerza para garantizar la eficacia del voto, en un sistema electoral que permite mayor participación política de la mujer, de los indígenas, así como el reconocimiento de la pluralidad política y de la representación equitativa en los entes legislativos, sin embargo, comentó que existen muchos temas pendientes por perfeccionar como son:
• Una eficaz aplicación del principio de la representación proporcional en la integración de los ayuntamientos.
• Garantizar el ejercicio de los derechos político electorales a través de un irrestricto y pronto cumplimiento de las sentencias y,
• Potencializar la equidad de la contienda electoral a través de un procedimiento sancionador que otorgue mayor claridad y certeza en cuanto a los criterios aplicables.
El Magistrado Presidente, afirmó que la inclusión de un límite de sobre y subrepresentación en la integración de los cabildos, garantiza clara y efectivamente la pluralidad en la integración de los órganos de representación popular cuyas decisiones se toman de forma colegiada y en muchas ocasiones con mayoría calificada., por lo que propuso ajustar en la Constitución General la regulación del principio de representación proporcional a nivel municipal, actualizando el artículo 115, fracción VIII, para prever que dicho principio debe incluirse en la integración de los ayuntamientos, tomando en cuenta un límite sobre y subrepresentación.
Para el Magistrado Valdez resulta trascendente garantizar el cumplimiento absoluto de las sentencias para lograr una justicia pronta y expedita, ya que, una sentencia solo tiene relevancia cuando es cumplida, por lo anterior, su propuesta fue reformar el artículo 32 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación, para otorgarle a los Tribunales Federales, mayores elementos que le permitan hacer cumplir las sentencias que emiten, facultándolos para imponer sanciones mayores a las autoridades o funcionarios de partidos políticos que dolosamente incumpla una sentencia o no la haga cumplir; o en su caso omitan cumplir cabalmente con la resolución, cuando haya sido apercibido y notificado del incidente de inejecución y su resolución.
Como tercera y última propuesta, planteó una adecuación a los incisos a) y b) del artículo 87 de la Ley General del Sistema de Medios de Impugnación en Materia Electoral, para que sea únicamente la Sala Regional Especializada del TEPJF la instancia competente para conocer de las impugnaciones en contra de las resoluciones dictadas por los tribunales de las entidades federativas relacionadas con el PES, mediante el juicio de revisión constitucional o juicio electoral, lo que traerá como ventaja la existencia de un solo tribunal revisor y la uniformidad de criterios en la resolución de la segunda instancia, además de que aunque subsistan temas de constitucionalidad al ser la Sala Superior del TEPJF la instancia encargada de la revisión de dichas cuestiones, convergerán en ambas salas las decisiones en todos los medios de impugnación, lo que garantizará la existencia de criterios unificados para resolución de los asuntos y la confianza ciudadana en las instituciones.
