POr Francisco Garfias
Las auditorías en curso a los Estados se han convertido en un verdadero dolor de cabeza para la Auditoría Superior de la Federación.
Y es que los auditores locales están subordinados a los gobernadores, y cuando no lo están, simplemente los corren.
Un caso extremo es el de Oaxaca. El otrora auditor en esa entidad, Carlos Altamirano, se rehusó a renunciar.
El gobierno del estado resolvió entonces desaparecer la auditoría local y creó el Instituto de Fiscalización Superior.
Y, sin embargo, hay buenas expectativas.
La llegada de AMLO es vista como una oportunidad para lograr que los gobernadores respeten a sus órganos de control. Y es que la mayoría sólo se preocupa de sus cuentas públicas cuando se van.
Este año cambian nueve mandatarios. El domingo le toca al de Morelos, Graco Ramírez. Entra el gobernador Cuauhtémoc Blanco.
¿El perredista ya habrá preguntado en la Auditoría si tiene “pendientes”?
Ya que estamos. Arely Gómez, titular de la Función Pública, se aventó el boleto de inhabilitar por diez años a Gustavo Rodríguez, vocero de Rosario Robles en Sedesol y Sedatu.
Además, le impuso al portavoz una sanción económica por 210 millones 493 mil 829 pesos.
Sólo por comparar: la multa al confeso Javier Duarte, cuyo daño al erario de Veracruz fue de miles de millones de pesos, alcanzó la estratosférica suma de 58 mil pesotes.
La sanción a Gustavo Rodríguez deriva de una campaña de difusión en Radio y Televisión de Hidalgo: la Cruzada Nacional contra el Hambre, que presuntamente no existió, aunque el vocero y su jefa dicen que los “entregables” (testigos) allí están.
Rodríguez es el primer castigado del equipo de Rosario por eso que el propio secretario de Hacienda, José Antonio González Anaya, llamó, en plena comparecencia, La Estafa Maestra.
La titular de Sedatu, que ha negado una y otra vez haber desviado un centavo, vía los convenios con universidades públicas, llama a este asunto “La Infamia Maestra”. Ella No firmó nada y tampoco la investiga la PGR.
El caso del vocero Rodríguez y la intervención del titular de Hacienda ante el pleno de los diputados han llevado a algunos a deducir que Rosario Robles ya no tiene el cobijo del presidente Peña.
Duro revés para Javier Corral. El Poder Judicial de la Federación desechó el recurso de apelación interpuesto por la Consejería Jurídica de Chihuahua para evitar la libertad de Alejandro Gutiérrez Gutiérrez, exsecretario general adjunto del PRI, acusado de peculado por más de 200 millones de pesos.
“El día de hoy, el Tercer Tribunal Unitario en Materia Penal del Primer Circuito resolvió dentro del toca penal 275/2018 que la Consejería Jurídica de Chihuahua no tiene carácter de parte, por lo que no está legitimada para interponer el medio de impugnación en el asunto”, dijo Antonio Collado, abogado de Gutiérrez Gutiérrez.
Alejandro fue acusado erróneamente de peculado. Es un delito que no pudo haber cometido por el simple hecho de que no era servidor público. Aun así, el gobernador de Chihuahua lo levantó como estandarte de su precampaña…perdón, de su lucha contra la corrupción en la entidad.
Al PES le caló hondo la “campañita” que, asegura, le armó la diputada del MC Martha Tagle, y que terminó con un acuerdo para que ese partido “liberal protestante” no presidiera las comisiones de Cultura y Cinematografía, y la de Salud.
A cambio, se quedan con la de Deporte y Trabajo y Previsión Social. Lo aceptaron porque “no somos un partido de absolutos”.
La punzada fue tan fuerte que el mismísimo Hugo Éric Flores, presidente del PES, se apersonó en San Lázaro para aclarar que ellos nunca pidieron la de Salud.
Los del PES sí querían la de Cultura para el historiador y cronista de la Ciudad de Villahermosa Ricardo de la Peña Marshall (presume 18 libros publicados), lo propusieron apenas se enteraron que el empresario y actor Sergio Mayer la iba a presidir.
Juran que conocieron el acuerdo sobre el reparto de comisiones que hizo Morena una hora antes de presentarlo en la Jucopo, y que por eso se abstuvieron.
Al inicio de la rueda de prensa, Hugo Éric prometió: “no voy a denostar a nadie”, pero no tardó en meterse con Mayer, al pedir una comparación de perfiles entre el actor y el citado cronista, a ver quién califica mejor.
“¿Les hacemos un examen de cultura, de historia o siquiera de… ortografía?, preguntó Flores, entre risas.
Este reportero charló con Mayer brevemente. Su reacción hacia el PES fue mucho más elegante. Elogió la apertura y la generosidad de ese grupo parlamentario a la hora de negociar.
Se le veía contento por haber “recuperado” la Comisión de Cultura y Cinematografía. No era para menos. No es fácil revertir una decisión de la Jucopo, órgano de gobierno de la Cámara de Diputados.
Por cierto, los diputados no podrán cumplir con la fecha límite para instalar las comisiones con la conformación que haya aprobado el pleno: 30 de septiembre.
Apenas ayer aprobaron cambios a la Ley Orgánica del Congreso para registrar la baja en el número de comisiones —once menos— y la fusión de algunas.
Sacaron de nuevo el “reloj legislativo”. La instalación se hará hasta la semana que entra.
En la era de la 4ª Transformación, la sociedad civil se mueve. Bajo la figura de Iniciativa Ciudadana, serán presentadas al Congreso de la Unión dos viejas demandas:
Eliminar el IEPS a las gasolinas, diesel y gas de uso doméstico y reducir las carísimas prerrogativas a los partidos políticos, incluidas las agrupaciones locales.
El anuncio lo hicieron el presidente del Partido Sinaloense, Héctor Melesio Cuén, y el presidente de la Mesa Directiva del Congreso de ese estado, Víctor Antonio Corrales Burgueño.
Ambas iniciativas son apoyadas por 146 mil 350 firmas de ciudadanos sinaloenses. Información Excelsior.com.mx