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Hoy, Morena y sus aliados aprobarán en el Senado la reforma constitucional que dará lugar a un nuevo Poder Judicial Federal. Luego lo harán los 27 congresos locales que controlan. Así culminará un proceso que, sin sorpresas, impulsó con determinación el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien a lo largo de su carrera ha demostrado que la política no es un juego de tiempos muertos. En cambio, la oposición parece haberse perdido entre discursos vacíos y la pasividad.
El Plan C de AMLO, presentado el 5 de febrero, incluyó 18 iniciativas de reforma constitucional. Entre ellas, algunas tan polémicas como la propuesta de que jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial Federal sean electos por voto popular y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, que sustituirá al Consejo de la Judicatura para sancionar a jueces y ministros por actos de corrupción. A esto se suma la eliminación de organismos constitucionales autónomos como el INAI, el IFT, Cofece, Coneval y otros, lo cual debilitará la transparencia y la competencia económica. Además, se propone la creación de un nuevo Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), que sustituirá al INE y absorberá las funciones de los organismos electorales locales.
El paquete de reformas no se detiene ahí. También busca transformar al Congreso Federal eliminando a los legisladores plurinominales y reduciendo el número de diputados de 500 a 300 y de senadores de 128 a 62. Asimismo estableciendo un tope en el número de diputados locales, con un máximo de 45 y mínimo de 15. Es evidente que estas medidas buscan eliminar la representación proporcional y fortalecer el control del partido mayoritario. Por si fuera poco, el Plan C también modifica el sistema de pensiones, aumentando los montos para adultos mayores y personas con discapacidad, lo cual si bien es un avance en lo social, es utilizado como una herramienta electoral.
Como era de esperarse, la reacción de la sociedad civil, académica y la oposición política no se hizo esperar, advirtiendo sobre los riesgos que estas reformas implican para la división de poderes y el futuro de la democracia en México. Sin embargo, lo que sí fue una sorpresa fue la tibia reacción de la oposición durante los cuatro meses que siguieron a la presentación de estas reformas.
Ni la candidata presidencial Xóchitl Gálvez ni el PAN, el PRI, el PRD y MC parecieron tomar en serio el impacto de estas reformas. El resultado: Morena y sus aliados ganaron el Congreso, y la maquinaria reformista siguió su curso sin mayores obstáculos.
Lo más preocupante es que la oposición se movilizó tarde, después del 2 de junio, y solo cuando la Cámara de Diputados aprobó la reforma judicial, la semana pasada, fue cuando los ministros de la Suprema Corte presentaron su proyecto alternativo de reforma.
Con la aprobación de estas reformas, México entra en una nueva etapa. Morena consolida su control sobre las principales instituciones del Estado, y la oposición sigue sin encontrar su rumbo. El verdadero peligro no es solo la concentración de poder, sino la incapacidad para actuar a tiempo de quienes deberían ser su contrapeso: los partidos de oposición, la sociedad civil y la comunidad académica Y eso es quizás la mayor tragedia de esta historia.
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Información Radio Fórmula