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Por Pascal Beltrán del Rio
Durante todo el periodo del PRI como partido de Estado, la política exterior de México tuvo como guía la llamada Doctrina Estrada. Promovida por el sinaloense Genaro Estrada –secretario de Relaciones Exteriores durante los mandatos de Plutarco Elías Calles, Emilio Portes Gil y Pascual Ortiz Rubio–, dicha directriz consistía en que el Estado mexicano no tomara una posición sobre si un gobierno extranjero era legítimo o ilegítimo.
Adoptada el 27 de septiembre de 1930 –durante el gobierno de Portes Gil y en pleno Maximato callista–, la Doctrina Estrada era la antítesis de la Doctrina Tobar, vigente desde 1907 e impulsada por el canciller ecuatoriano Carlos R. Tobar. Éste había propuesto a las naciones latinoamericanas no reconocer a un gobierno que hubiese surgido de un movimiento revolucionario y no del voto de los ciudadanos del país en cuestión. “Las repúblicas americanas por su buen nombre y crédito, aparte de otras consideraciones humanitarias y altruistas, deben intervenir de modo indirecto en las discusiones intestinas de las repúblicas del Continente. Esta intervención podría consistir, a lo menos, en el no reconocimiento de los gobiernos de hecho surgidos de las revoluciones contra la Constitución”, establecía la Doctrina Tobar.
México optó por lo contrario: no inmiscuirse en la forma de gobierno del resto de los países. En los hechos, fue una medida defensiva. Ortiz Rubio había llegado al poder en medio de una elección presidencial extraordinaria harto cuestionada, que se hizo necesaria por el asesinato del presidente electo Álvaro Obregón en 1928. El michoacano, considerado títere de Calles, no terminó su periodo de gobierno, y fue sustituido por Abelardo L. Rodríguez, otro personaje cercano al militar sonorense. Ya con Lázaro Cárdenas en el poder, la influencia callista terminó, pero el régimen que sustituyó al caudillismo revolucionario no fue la democracia, sino el corporativismo.
La Doctrina Estrada fue, pues, una directriz de política exterior que buscaba que el régimen mexicano no fuese juzgado desde el exterior bajo el pretexto de que México no se pronunciaba sobre la condición legítima o ilegítima de otros gobiernos.
Pese a que han pasado casi 90 años desde su adopción y casi dos décadas desde el derrumbe del sistema de partido de Estado, la Doctrina Estrada sigue teniendo sus defensores.
Una característica del PRI autoritario fue inocular sus tesis en los ciudadanos, de modo que cuestionar su pertinencia fuese una especie de herejía.
Así como hoy sigue habiendo muchos mexicanos que piensan que el Estado debe tener el monopolio sobre los energéticos –algo que se superó en el resto del mundo hace lustros–, se cita a la Doctrina Estrada como si fuese la piel misma del país y no una simple directriz de política exterior que convenía a un régimen no democrático.
Incluso, durante los 12 años que el PAN tuvo la Presidencia de la República, los intentos de alejarse de la Doctrina Estrada fueron escasos. Curiosamente fue el PRI, de vuelta al poder en 2012, el que más puso en duda la vigencia de esos principios.
Hoy, parecen estar de vuelta. El viernes, el gobierno mexicano se negó a sumarse a los 13 países del Grupo de Lima que rechazaron un nuevo mandato de Nicolás Maduro al frente de Venezuela, por considerar que la elección celebrada el pasado 20 de mayo careció de legitimidad.
Con ello, se consolidó el giro ideológico que el presidente Andrés Manuel López Obrador había adelantado que tendría la política exterior del país. La posición mexicana fue la única fisura en la postura conjunta de los representantes del Grupo de Lima, reunidos en la capital peruana. El comunicado no pide una intervención militar ni nada por el estilo. Sólo insta a Maduro a no tomar posesión el 10 de enero y transferir el Ejecutivo a la Asamblea Nacional, de mayoría opositora –neutralizada violentamente en julio de 2017–, a fin de convocar a nuevas elecciones.
“Perdimos a México”, tuiteó la noche del viernes José Miguel Vivanco, director ejecutivo de la División las Américas de la organización Human Rights Watch. “Ha quedado demostrado que mientras gobierne AMLO los derechos humanos no serán un componente de la política exterior mexicana. Esto es música para los oídos de dictadores como Maduro y Ortega y una bofetada para sus víctimas”.
Pese a que la fracción X del artículo 89 constitucional manda al Presidente a guiar la política exterior con apego a la protección y promoción de los derechos humanos, el gobierno de López Obrador decidió hacerse de oídos sordos ante las denuncias de hostigamiento, cárcel y tortura a los opositores venezolanos por parte del régimen de Maduro y los llamados a resolver el desastre humanitario que han causado sus políticas populistas. Información Excelsior.com.mx
Otra vuelta al pasado. A 1930.