Por Jorge Fernández Menéndez
Si para los inversionistas y empresarios nada es más importante en el aspecto económico que la certidumbre, sobre todo en el ámbito energético, para la gente hoy nada parece más importante que garantizarle una mínima seguridad cotidiana. Y la misma se deteriora día con día.
Lo ocurrido ayer en Uruapan, Michoacán, es terrible, 19 muertos, varios de ellos colgados desde puentes peatonales de una de las principales avenidas de la ciudad. Escuchaba en radio, con Pascal Beltrán del Río, al secretario de Seguridad Pública en el estado, Israel Patrón Reyes, hablando sobre los 19 muertos con una tranquilidad digna de mejores causas y atribuyéndolo a un enfrentamiento, que tiene ya demasiados meses, entre el Cártel Jalisco Nueva Generación y Los Viagras. Seguramente es así, la pregunta es qué se hace para romper la estructura criminal de esos grupos, para evitar que contaminen con su violencia a toda una sociedad.
A veces, en lugar de evitar la contaminación, pareciera que existe la voluntad expresa de acrecentarla. Esta misma semana fue designado subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán José Manuel Mireles, uno de los creadores de las autodefensas que, levantándose contra el cártel de Los Caballeros Templarios, en realidad le estaba abriendo camino al CJNG, que financió a buena parte de esos grupos de autodefensa.
Antes de crear grupos de autodefensa, Mireles había estado preso por traficar con mariguana (fue detenido con poco menos de 90 kilos de droga), le dieron ocho años y lo liberaron en tres, se fue a Estados Unidos, volvió a ser detenido, allá, por delitos contra la salud. Regresó a México, llamó a levantarse en armas, volvió a ser detenido en dos ocasiones, buscó ser candidato a diputado. Y, repentinamente, aparece, nada más y nada menos, que como subdelegado médico del ISSSTE. O sea, encargado de servicios médicos (y medicinas) en el estado, Michoacán, y el puerto, Lázaro Cárdenas, donde entran la mayor parte de las drogas sintéticas en el país. ¿Qué puede salir mal?
No sé si Mireles, como decían las autoridades apenas en noviembre pasado, está o sigue relacionado o no con el CJNG, pero el nombramiento es un completo desatino. Es seguir dándole posiciones políticas a personajes ligados, de una u otra forma, a los grupos que, con extrema violencia, se están disputando el estado, matando gente y colgando cuerpos en los puentes peatonales de la principal avenida de la ciudad.
Mireles tiene un protector, el exgobernador Leonel Godoy, desde hace unas semanas secretario de Organización de Morena, el segundo cargo en importancia en ese partido. Godoy fue gobernador en el periodo de mayor penetración del narcotráfico en las estructuras de gobierno (sólo comparable con la época de Fausto Vallejo), cuando terminaron controlando el estado La Tuta y sus cómplices de La Familia Michoacana y Los Caballeros Templarios. Durante su gobierno se produjo el michoacanazo, cuando todo su equipo de seguridad y muchos otros funcionarios fueron detenidos (y más tarde todos liberados por un acuerdo con el PRD) acusados de relación con el narcotráfico. Su medio hermano, Julio César, fue hecho diputado federal, a pesar de las pruebas de su relación con La Tuta (incluyendo una serie de inolvidables grabaciones telefónicas entre ambos) y se terminó fugando, cuando fue desaforado. Desde entonces, diciembre del 2010, nunca más se ha vuelto a saber de él.
En la entrevista con Pascal, el secretario de Seguridad Pública del estado hablaba de la Guardia Nacional en Michoacán e implícitamente dejaba en sus manos la responsabilidad de garantizar la seguridad. No es así: garantizar la seguridad en estados y municipios es responsabilidad directa de esos gobiernos locales. La Guardia Nacional no puede ni debe, ni es su obligación legal, reemplazarlos. La mayoría de los gobernadores creen que su responsabilidad con la seguridad pública acabó con la creación de la Guardia. Incluso cuando comienzan a llegar los destacamentos de ésta creen que están bajo su mando y que pueden ordenarle hacer lo que quieran.
Pues están muy equivocados. Deben crear fuerzas policiales locales que garanticen la seguridad pública. No lo hicieron en los últimos años de Fox, durante los sexenios de Calderón y de Peña y no lo están haciendo en el de López Obrador. Mientras tanto, siguen apareciendo cadáveres colgados en las principales avenidas de las ciudades del país. Información Excelsior.com.mx