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Es la tarde del 15 de julio de 2010. Un año en que parece vivirse la peor ola de inseguridad en Ciudad Juárez, Chihuahua. También en todo México. Barragan, policía federal, acompaña a unos peritos en el levantamiento de 2 mujeres que acaban de ser ejecutadas. Los testigos dicen que los matones les arrebataron unas bolsas negras. Al parecer droga. De pronto escucha un estallido. “Es un tanque de gas”, piensa, pero enseguida nota la nube de humo a unas calles.
Apenas llega al lugar todo es un caos. Inmuebles dañados, vidrios rotos, fierros de los restos de vehículos esparcidos en el pavimento y las llamas de fuego avivadas. También hay heridos y muertos, uno es un compañero. Horas antes la PF ha detenido a Jesús Armando Acosta, alias “El 35”, líder de La Línea, grupo vinculado al Cártel de Juárez, y la represalia es el atentado con un coche repleto de explosivos caseros.
A partir de entonces, sería cada vez más común que el crimen organizado use este armamento casero, y lo coloque en vehículos, lo entierre o lance desde drones. Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador esto se ha detonado de manera exponencial.
El Ejército ha atendido 643 emergencias por artefactos explosivos improvisados entre 2012 a agosto de 2023, en el que la mayoría corresponden al gobierno del presidente López Obrador: 561. En tanto 81 ocurrieron con el exmandatario Enrique Peña Nieto y sólo 1 en 2012, revelan cifras de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) obtenidas vía transparencia en poder de N+.
El uso de este tipo de explosivos en México tiene un parteaguas. El primero es con los grupos guerrilleros y el segundo es en la operación de los grupos criminales, que tienen una mayor facilidad de adquirir los materiales y poder de financiamiento para producirlos, detalla el investigador Manuel Balcázar, del Centro de Estudios en Seguridad, Inteligencia y Gobernanza (CESIG) del ITAM.
“Los grupos subversivos los habían usado para reivindicar sus demandas. Los últimos casos fueron en 2007, cuando el EPR estalló los ductos de Pemex; en el 94 el EZLN utilizó un par de explosivos, y otros grupos antisistema los utilizaron sobre todo en cajeros automáticos”, rememora. En la actualidad, dice, está asociado “a la operación y presencia criminal, que explicaría el aumento en el uso, al tener mayor desarrollo tecnológico y facilidad para adquirir los materiales que permitan la fabricación”.
Juan Manuel Aguilar, especialista en seguridad e investigador del Centro de Investigaciones sobre América Latina (Cisan) de la UNAM, coincide en que la fabricación y mayor uso, por parte de las organizaciones criminales, se debe a lo sencillo que es adquirirlos en el mercado regulado o el ilegal. En la internet profunda y Telegram hay una gran cantidad de tutoriales y guías distribuidos por grupos terroristas. Y las organizaciones tienen el potencial de contratar personas e insumos necesarios para fabricar estos explosivos improvisados.
“No se necesita material que pueda parecer difícil de conseguir. El Ejército de Liberación Irlandés hizo un manual, en el cual todos los insumos se podían conseguir en un supermercado, una tlapalería, en una tienda”, detalla Aguilar. “Hay materiales de uso dual. También sirven para la industria química, farmacéutica, petroquímica, la industria legal y sirven para actividades delictivas. Sin un conocimiento especializado pueden tener gente que les ayude a mezclar las proporciones; se necesita una base, un reactivo”, agrega Balcazar.
Pero otro de los ingredientes que ha intensificado la guerra con bombas caseras es la política del gobierno morenista, en contra del crimen organizado, en la que se evita la persecución activa, apunta Balcazar, quien también se ha desempeñado como asesor de inteligencia de la Secretaría de Marina (Semar).
“Permitió a los grupos tener el tiempo suficiente para acceder a esta tecnología, a los materiales para la fabricación de explosivos y después empezar a usarlos en esquemas de control territorial. No hubo una persecución activa, ni criterios sistemáticos de parte de las autoridades de seguridad en varios órdenes de gobierno”, señala.
El escenario registrado en 2010 en Ciudad Juárez, se repitió durante la noche del pasado 28 de junio de 2023 en la comunidad de El Sauz de Villaseñor, en Celaya, Guanajuato. Integrantes de la Guardía Nacional (GN) acudieron al lugar tras el reporte de un vehículo baleado y abandonado. Al revisarlo se detonó la carga de explosivos.
Este territorio, al igual que Michoacán (310) y Jalisco (30), es uno de los estados donde se registraron el mayor número de emergencias atendidas (156) por artefactos explosivos improvisados, muestran los datos de la Sedena –en ellos también se han dado el mayor número de aseguramientos y desactivación. Éstos son los mismos donde el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) predomina o libra una disputa con otros grupos criminales por el control territorial.
Apenas el 22 de agosto del 2023 durante la conferencia mañanera el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, informó que durante la actual administración se aseguraron 2 mil 803 artefactos explosivos improvisados.
Una cantidad que también muestra el incremento en su uso, ya que la solicitud de información del Ejército expone que en la anterior administración se incautaron y desactivaron 104 explosivos caseros.
Otros dos territorios donde la Sedena ha atendido emergencias por bombas caseras son el Edomex, con 26 y la Ciudad de México, con 17.
Explotar el mensaje de terror e intimidación
La detonación de estos artefactos por tierra y aire no sólo van dirigidos contra la autoridades, sino contra otros grupos delictivos, autodefensas y la población en general. Es la historia de varias regiones de Michoacán, donde han sido enterrados o lanzados vía remota a través de drones –con los que incluso han comenzado a arrojar bombas químicas.
También se han convertido en un mensaje de terror e intimidación, como ocurrió al inicio de la guerra contra el narcotráfico con los narcomensajes y narcomantas acompañados de cuerpos desmembrados.
“Están dirigidos para mandar mensajes de causar terror hacia la población civil. Los hemos visto más utilizados en dañar edificios, de destruir automóviles para causar presión hacia el ámbito del gobierno municipal”, apunta Juan Aguilar. Es demostrar el nivel de fuego, el incrementar el nivel de violencia, causar terror entre la población y mostrar el potencial y el daño que puede causar una organización delictiva, agrega.
Manuel Balcazar dice que se utiliza como una estrategia propagandística en términos bélicos: “Antes tenían que hacer contacto terrestre y físico; poner una cabeza o cuerpos colgados en los puentes. Hoy con este tipo de explosivos mandan mensajes de psicosis, de que cualquiera puede ser vulnerado”. Pero también existe el riesgo para civiles ajenos a la disputa delictiva que pueden ser afectados, lamenta. Información Nmás
