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Por Pascal Beltrán del Río
Mientras Rosario Robles ha estado más de dos años en prisión preventiva, justificada por una licencia falsa que el Ministerio Público presentó ante un juez como prueba de su intención de huir —algo que ya fue confirmado por el Poder Judicial—, su excompañero de gabinete Emilio Lozoya puede ir a un restaurante para comer con amigos, pese a estar acusado por la Fiscalía General de la República de haber recibido 12.8 millones de dólares de la constructora Odebrecht para facilitarle contratos.
La ventaja del segundo es haberse beneficiado de un “criterio de oportunidad” por parte de la FGR, que, hasta ahora, sólo se ha traducido en el encarcelamiento del exsenador Jorge Luis Lavalle y una acusación contra el excandidato presidencial Ricardo Anaya, quien ha desmentido en varios videos los cargos que se le imputan.
En un tuit, en agosto de 2020, el presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que México se podría volver “ejemplo mundial” con el procesamiento de Lozoya. “En este desafío, asumo mi responsabilidad”, agregó.
En un lapso de tres días, el país quedó evidenciado como un lugar donde se practica venganza judicial y la justicia selectiva, pues mientras circulan por el mundo las fotos de la reunión sabatina de Lozoya en el restaurante Hunan —tomadas por la columnista Lourdes Mendoza—, Robles está a punto de ser liberada, luego de haber ganado, el jueves, un amparo contra la medida cautelar de prisión oficiosa que le fue impuesta.
En este espacio sostuve desde el principio del proceso contra Rosario Robles, que era falsa la presunta licencia de manejo que se mostró para justificar su encarcelamiento preventivo.
No había que ser muy perspicaz para advertir que se había usado una foto suya tomada de internet para fabricar el documento —queriendo dar la impresión de que ella misma lo había tramitado— y quien lo hizo ni siquiera tuvo cuidado de transcribir correctamente la supuesta dirección alterna de la exsecretaria de Desarrollo Social.
El jueves, el juez Tercero en Materia de Amparo lo corroboró. Por ello, es muy posible que hoy o mañana el juez de control que le había denegado la revisión de la medida cautelar tenga que otorgarla, con lo cual Robles podría seguir en libertad el proceso abierto contra ella.
Faltaría, desde luego, que se encontrara y castigara a quienes ordenaron y operaron la falsificación de la licencia, pero eso, lo sabemos, resulta prácticamente imposible.
Sobre Lozoya, muchas explicaciones tendrán que darse al hecho de que no haya pisado la cárcel desde que llegó exiliado de España. Más aún, que ni siquiera esté sujeto a arraigo domiciliario y que las únicas medidas cautelares que le han sido impuestas sean la portación de un localizador electrónico, no abandonar el territorio de la Ciudad de México y firmar en el juzgado cada 15 días, de acuerdo con información que publicó el sábado el semanario Proceso, mismo que agregó que el exdirector de Pemex ha sido visto “dentro de un club de golf que se ubica al sur de la capital”.
Buscapiés
*Un documento de la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México —divulgado en Twitter por Mario Di Costanzo, extitular de la Condusef— instruye la realización, a partir de hoy y hasta el 9 de noviembre, de “asambleas informativas” en las escuelas de educación básica para “hacer entrega de la nueva tarjeta Bienestar para niñas y niños Mi Beca para Empezar”. Al parecer, el gobierno capitalino quiere convertir la entrega de becas en un acto político al que serán citados los padres.
*Alfredo Ramírez Bedolla, nuevo gobernador de Michoacán, asumió el estado con un boquete fiscal cercano a los 50 mil millones de pesos. Pero no debe preocuparse, pues el presidente López Obrador no lo va a dejar solo. Ya lo nombró su “representante”, mientras que el Ejército ya intervino para empujar de vuelta a territorio jalisciense —que no detener y procesar— a los hombres armados del Cártel Jalisco Nueva Generación que tenían asolados a varios municipios de la Tierra Caliente. Información Excelsior.com.mx