Veracruz: inseguridad y conflicto

Por Yuriria Sierra

Más de 8 mil 800 homicidios en los últimos cuatro años. Más de 29 mil 500 delitos registrados entre enero y julio de este año. Corrijo, presuntos delitos, según lo refieren los documentos oficiales de donde se extraen estas cifras. Casi 900 homicidios en los primeros siete meses de 2019. Los números sólo de Veracruz.

Y así como en el forense de Guerrero hace un par de años y en el de Tijuana hace unos meses, en el estado gobernado por Cuitláhuac García ocurre un fenómeno para el que ni las cifras nos preparan. Lo presentamos ayer en Imagen Televisión: “El incremento por las muertes en Coatzacoalcos, Veracruz, ha provocado mayor demanda de bóvedas en los tres panteones municipales que hay en la ciudad. Sobre todo, en este mes después de lo sucedido en el bar Caballo Blanco. Algo que marcó la diferencia. De acuerdo con datos oficiales, al día tienen al menos cinco sepelios. Lo que representa 150 al mes en el panteón Antiguo, en el panteón Jardín Municipal y en el de Lomas de Barrillas, de estos hasta tres son muertes por violencia a la semana…”, refirió la nota de mi compañera Tamara Corro.

Estas postales son gritos de urgencia, de auxilio. Si bien la inseguridad fue el único tema que valió una autocrítica en el pasado Informe de gobierno de Andrés Manuel López Obrador, contrasta con lo ocurrido en Veracruz un par de días después.

A pesar de los 30 muertos en el bar Caballo Blanco y las circunstancias en las que perdieron la vida, o de la masacre en una fiesta en Minatitlán, donde una de las víctimas fue un pequeño de un año de edad. A pesar de que entre diciembre y julio pasados se contaron mil 111 asesinatos, según el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional para la Seguridad Pública. A pesar del aumento del casi 6% en el número de víctimas de homicidio doloso. A pesar de que no sólo son las muertes por violencia, sino también los secuestros y las extorsiones, las violaciones, los feminicidios, el narcomenudeo, los robos o la violencia intrafamiliar. A pesar de todos los delitos que se comenten en la entidad, el tema de la seguridad esté atorado no por motivos estratégicos, sino políticos.

Ayer, un juez no admitió la solicitud de amparo que interpuso Jorge Winckler, exfiscal que llegó aún en tiempos de Miguel Ángel Yunes y que, como sabemos, ha mantenido un enfrentamiento público con el actual gobernador. Quiere que lo reincorporen a su puesto, luego de que hace un par de días fue destituido por el Congreso del estado bajo el argumento de que no cumplió con los exámenes de confianza. Pero también ayer una jueza federal dio un plazo de tres días para que los legisladores que lo removieron justifiquen las causas de su destitución. Así, la dependencia encargada de la investigación de los delitos y procuración de justicia del estado se encuentra, si no acéfala, pues fue nombrada una encargada de despacho, sí en la incertidumbre.

¿Quién dirigirá la estrategia para hacer frente a la inseguridad que afecta a los veracruzanos? ¿A quién le rendirán cuentas? Es más, ¿hay una estrategia contra la violencia? ¿Qué hará el gobierno de Cuitláhuac García para dar garantía de que su conflicto político, que raya en lo personal, con el exfuncionario no afectará la vida de sus gobernados? ¿La coyuntura le permite a Veracruz un conflicto como éste? Entendíamos que la política y la función pública son una vía para garantizar el bien común, no una herramienta de poder que pasa por encima de esto. Información Excelsior.com.mx