PoR: Jorge Fernández Menéndez
Fue hace mucho tiempo, en 1999. Faltaban unas semanas para que Mario Villanueva Madrid entregara el gobierno de Quintana Roo. Desde años atrás habíamos investigado y publicado sobre las relaciones del entonces gobernador Villanueva con el narcotráfico y con otros delitos, que iban desde el tráfico de personas, sobre todo de cubanos, hasta el secuestro y asesinato de miembros de la inteligencia militar en la entidad.
Villanueva me había amenazado para que no siguiera con esas publicaciones (incluso, en alguna oportunidad había enviado a mi domicilio coronas mortuorias con una tarjeta que decía “siempre te leo, Mario”) y había utilizado todo el repertorio de un gobernador que se vanagloriaba en esos años de no tener piedad con sus adversarios y enemigos. Pero los últimos meses de su gobierno habían sido de un declive terrible: se sucedían las denuncias y resultaba evidente que no tenía apoyo ni dentro ni fuera del Partido Revolucionario Institucional.
Fue entonces cuando Mario Villanueva decidió ir a verme a la que era entonces mi oficina particular. Llegaron primero sus custodias que prácticamente tomaron las oficinas y cuando pensaba que pasaría de las amenazas a los hechos, entró un Villanueva ensombrecido, apagado, con un tono de voz tenue y se sentó frente a mi escritorio. Enrollaba su corbata con sus dedos mientras me decía que todo lo que había publicado en los últimos años era verdad, que había recibido dinero, que había ayudado a que ingresaran personas de Cuba vía Cancún y varios otros temas, pero me aseguraba que él no era narcotraficante.
Me pidió que lo ayudara. Le dije que las acusaciones en su contra provenían del gobierno federal, de la Secretaría de la Defensa, de prominentes empresarios que habían sido extorsionados y del gobierno de Estados Unidos que ya le había abierto un proceso años atrás por narcotráfico en una corte de Manhattan y que se había indignado cuando, violando todo tipo de leyes y acuerdos, Villanueva había decidido “expulsar”, poniéndolo a la fuerza en un avión comercial, al cónsul de Estados Unidos que estaba investigando la muerte de unos springbreakers por consumir drogas en centros nocturnos de Cancún. Esas eran las fuentes con las que había trabajado para hacer avanzar mi investigación pese a las amenazas de Villanueva.
El todavía gobernador me dijo que lo entendía, se despidió en forma cortés y se fue. Nunca más lo volví a ver, entre otras razones porque unos días después se fugó, antes de entregar el poder, después de una visita a su entonces homólogo (y protector político) Víctor Cervera Pacheco en Mérida. Villanueva estuvo huyendo por Cuba (donde la relación con Villanueva provocó la caída del canciller Roberto Robaina y del ministro de Turismo, Osmany Cienfuegos), por Panamá, por Costa Rica. Un par de años después fue apresado cuando regresaba a Quintana Roo y estuvo detenido en México, de donde terminó siendo extraditado a Estados Unidos, para hacer frente a aquellas acusaciones de mediados de los 90 en una corte de Manhattan.
Allí, Mario Villanueva se declaró culpable del delito de lavado de dinero del crimen organizado y logró un acuerdo judicial. Hoy regresará a México, extraditado por el gobierno estadunidense y con una condena aún pendiente en nuestro país.
Pasaron diez años de aquella visita de Villanueva a mi oficina. Era el 3 de febrero del 2009. Esa noche el general de brigada Mauro Enrique Tello Quiñones, un cuadro de la inteligencia militar en el país y que acaba de pasar a retiro, era presentado en un restaurante de Cancún por el entonces alcalde Greg Sánchez como el nuevo responsable de la seguridad pública en el municipio. Allí estaban, para recibirlo, el alcalde con todo su equipo de seguridad. Cuando terminó la cena, el general y su ayudante fueron secuestrados en el estacionamiento del restaurante por algunos de los participantes en el encuentro. Fue torturado brutalmente y asesinado, su cuerpo apareció en la carretera a Mérida esa misma noche.
Por el asesinato del general Tello cayeron funcionarios de seguridad y fueron detenidos algunos responsables materiales e intelectuales. Y se destapó toda una trama de tráfico de drogas y de personas que operaba con protección de funcionarios locales y estatales. Pero no pasó nada.
Un año después, Greg Sánchez, pese a todo, fue candidato a gobernador por el PRD. En eso estaba cuando fue detenido, acusado de relaciones con el narcotráfico. Pasó meses en la cárcel, pero logró ser liberado por un amparo que “olvidó” responder el juez que llevaba su caso. En 2013 volvió a ser candidato, pero por el PT. Volvió a ser detenido, en Buenos Aires y deportado. Pero ahí sigue, activo en la política estatal.
Vale la pena recordar todo esto ahora cuando el ataque a la discoteca de Playa del Carmen quiere ser presentado como un hecho inédito. Es la delincuencia organizada con larga estancia en esa entidad, y es un sistema de seguridad pública local que se ha relajado en los últimos meses en Quintana Roo.
Información Excelsior.com.mx