Violar la ley

Por Jorge Carmargo

Acierta el presidente Andrés Manuel López Obrador al asegurar que en el sistema penal existe una extendida corrupción y en ello coincide el secretario de la Defensa, Luis Cresencio Sandoval, al diagnosticar una subrayada incapacidad para enfrentar la ola delictiva que azota al país desde hace sexenios.

Las amplias entrevistas de los secretarios de la Defensa son escasas en la historia periodística del país, por eso resulta de suyo valiosa la publicada por Jorge Fernández Menéndez en estas páginas de Excélsior y particularmente porque le hace tocar temas normalmente vedados para la disciplina castrense.

El Presidente, por su parte, afirma que existe una extendida corrupción en el sistema judicial federal, al entregarse a la prensa una grabación producto, suponemos, de una intervención telefónica ordenada por alguna autoridad judicial, aunque dudo que su difusión forme parte de la autorización, de ahí que él dijera que no importaba si se invalidaba.

Es decir, si se acusaba de violar la ley, había que violar la misma para hacerlo notar, aunque el resultado fuera anular la posibilidad de castigar el delito.

Eso nos habla mucho de qué tan internalizado tenemos el concepto de “hacer justicia, aunque se viole la ley”, que es lo mismo que se suele decir sobre que los poderes Ejecutivo y Judicial trabajan juntos, “en un frente común para luchar contra la delincuencia”.

Eso no puede ser más que discurso, porque sería contrario a la Constitución, cada uno trabaja en su competencia y con las mejores o las peores leyes que el Legislativo construya.

En muchos momentos, las instituciones de seguridad y procuración de justicia han llamado al Poder Judicial federal, a sus juzgadores, a ser “sensibles” ante las circunstancias de violencia que existen o al perfil del detenido. En términos llanos, a “violemos la ley y los derechos humanos para hacer justicia”, “a pasar por alto pequeñeces de forma”.

El Estado de derecho es otra cosa, nos guste o no. Los juzgadores federales son independientes, incluso de ministros y consejeros, ahí su gran confiabilidad, además de que cada instancia es revisable.

Nadie se diga ahora sorprendido. El nuevo Sistema de Justicia Penal, desde sus primeros diseños, advertía de una puerta giratoria. La premisa esencial era transparencia y eficacia al enjuiciar a las personas frente a la sociedad y despresurizar las cárceles y que la prisión preventiva, que era ya una condena, fuera excepcional. Hacer realidad el que una persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario.

El documental Presunto culpable, de los investigadores Layda Negrete y Roberto Hernández, que desnudaba los horrores del viejo sistema inquisitorial, impulsó, en mucho, la reforma.

Existen tres cosas que no pueden entenderse separadas. Quizás incomodan al gobierno porque reta su eficacia. El nuevo marco protector de derechos humanos, que abarca la Constitución y los tratados internacionales, que toda autoridad debe cumplir; el control difuso de la convencionalidad, es decir, que toda autoridad administrativa está obligada a proteger los derechos humanos; la Ley de Amparo y el sistema de justicia penal u oral.

Además de la puerta giratoria, siempre se planteó como segundo reto la preparación de las policías y los fiscales para el procesamiento de pruebas y el armado del caso. Para los militares era doble, porque no es su naturaleza, aunque se vista de Guardia Nacional.

Sandoval lamenta que “quienes tienen que aplicar la ley —supongo que se refiere a los jueces— le buscan el camino” para, de alguna manera, favorecer a la delincuencia y seguro se refiere al fuero federal, que es su ámbito de competencia. Eso es algo muy atrevido, sin duda.

Él afirma que la ley ya les permite actuar como primer respondiente, pero nada más, porque la posición se modifica ante la flagrancia, que se presenta en la mayoría de los casos de delincuencia organizada.

Debe seguramente recordar que ha sido el propio Poder Judicial el que ha realizado cursos abiertos, donde han participado miembros de la Marina y del Ejército, para habilitarse en el nuevo sistema.

Coincido con él en que los gobiernos estatales aprovecharon la presencia de las Fuerzas Armadas para desentenderse de la capacitación de sus sistemas de justicia. Porque implicaba inversión de recursos. Y ahora, con los recortes del gobierno federal, mucho menos será posible realizar esa modernización.

Si alguien pidiera ejemplificar el Estado de derecho y la institucionalidad democrática en una imagen, mostraría la de un mandatario frente al monumento a Lincoln en la ciudad de Washington, así de gráfica. Información Excelsior.com.mx