Y ahora, Conadis…

Por Yuriria Sierra

Pocas cosas tan contundentes como la indiferencia para demostrar que algo no nos importa. Desde el 1º de diciembre pasado, mi querida Katia D’Artigues llevó el conteo de días en que la Conadis no tuvo titular. Y no es que ahora la realidad del Consejo Nacional para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad (Conadis) sea distinta, pero esto deja de manifiesto, confirma, la visión que la administración federal tiene sobre grupos que hoy no tienen pleno acceso a sus derechos, que viven en vulnerabilidad porque el Estado ha sido incapaz de mejorar las condiciones que les permitan una interacción completa, una integración real a la sociedad.

En México, de los 31.5 millones de hogares totales, al menos en 6.1 vive una persona con discapacidad; la mitad vive en condiciones de pobreza, un 10% en pobreza extrema, según Coneval. El Inegi también reporta que los hogares donde habitan personas con discapacidad gastan más en alimentos, vivienda y cuidados de la salud que el resto de familias; detalla que este gasto puede ser hasta tres veces mayor. También precisa que el 21% de las PcD, de entre 15 y 59 años, no sabe leer ni escribir; sólo 28% alcanza la educación media superior y superior, registra Conapred; y sólo una de cada diez personas con discapacidad cognitiva o mental está ocupada; de ellas, sólo 25% tiene un contrato de trabajo, 27% cuenta con prestaciones de salud, y reciben salarios de hasta 151% más bajos que una persona sin discapacidad.

Al respecto, escribió Agustín de Pavia hace un par de días en Milenio y desde su propia experiencia: “Soy abogado, orgullosamente una persona con discapacidad (PcD), tengo parálisis cerebral y soy defensor de los derechos de las PcD. Yo debí incluirme solo porque en México no existía aún un Consejo para el Desarrollo y la Inclusión de las Personas con Discapacidad. Cuando nací, todos les decían a mis padres que no podrían hacer nada, que era mejor dejarme en una casa de asistencia. Hoy, sólo 50.5 por ciento de las PcD están cubiertas por programas sociales. Mi vida es una muestra de la que la asistencia social no es la única solución para la inclusión (…) Vivimos en un país donde la discapacidad es uno de los primeros tres motivos de discriminación, a la par de ser mujer o persona adulta mayor (…) Por esta razón, entre muchas otras, es importante que exista el Conadis, una institución pública que denuncia la discriminación, pero fundamentalmente propone soluciones a través de políticas públicas. La inclusión no es un tema social, es un tema de derecho…”.

El mensaje es contundente, las razones por las que fue expuesto, también. El Conadis está en riesgo de desaparecer. Este año, la partida presupuestal destinada a él es de 55.6 millones de pesos, una cantidad menor a la que recibieron en 2018; peor aún, se analiza ya la opción de eliminarlo, por aquello del ahorro y la austeridad. En su lugar, no vayamos a pensar que el tema no les importa, quedaría… adivinemos… sí, una pensión de mil 250 pesos bimestrales para cada PcD. Una pensión, tal como resolvieron la eliminación de las estancias infantiles y como también analizan para refugios a mujeres que huyen de entornos de violencia.

En otro apartado de su columna, De Pavia anota: “Puedo decir con todas sus letras, que el problema de la discapacidad no es la pobreza, sino la discriminación…”. Y esto hace sentido cuando pensamos en el futuro que le espera a esos 7.7 millones de PcD en un país donde el gobierno es el primer eslabón de la larguísima cadena de discriminación. Reducir soluciones a la entrega de pensiones, evidencia, más que improvisación, absoluto desconocimiento a las necesidades que deben ser ampliamente entendidas si se desea construir una sociedad incluyente.

Mi reconocimiento a Katia D’Artigues, Bárbara Anderson, Agustín de Pavia y todos aquellos que hoy se movilizan en la lucha porque el acceso de derechos sea el mismo para todos. Información Excelsior.com.mx