Y en Veracruz: #253

Por: Yuriria Sierra

Desde hace varios meses habíamos dejado de escuchar sobre crímenes de grupos organizados. Las autoridades de varios estados del país se perfilaron más hacia los trabajos de lucha anticorrupción, dijeron, y los siempre muy rentables asuntos de asistencia social. Como si la violencia se hubiera esfumado de sus prioridades, si es que alguna vez estuvo en ellas. Pero esto no significó que las cosas dejaran de suceder. Las ejecuciones, los secuestros, las torturas seguían estando ahí, como parte del cotidiano de muchas regiones que no han vuelto a conocer la calma desde que comenzó la lucha contra el narcotráfico. Hemos visto de todo, desde la aparición de más de 70 cuerpos de migrantes en San Fernando, Tamaulipas, hasta la desaparición de 300 personas en Allende, Coahuila. Y en la brecha cabe una infinidad de episodios trágicos, como el de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Acontecimientos que no han logrado tener un final apenas adecuado y justo. No aparecen los desaparecidos, tampoco hay castigo para los responsables de los extravíos y las muertes.

Seguimos en ese mismo punto, apenas una que otra autoridad hace un ejercicio de sensatez y reconoce la gravedad del problema: “Es la fosa más grande de México, quizá una de las más grandes del mundo…”. Esto lo dijo ayer Jorge Winckler, fiscal de Veracruz, en entrevista con Carlos Loret. Se refería a Santa Fe, en Veracruz. El Colectivo Solecito ha documentado uno de los hallazgos más terribles de los que tengamos memoria. Ha sido un trabajo de al menos siete meses: “Son 253 cuerpos completos. Estamos frente a una atrocidad gigantesca, en una ciudad de un país civilizado. O eso creemos, que está civilizado el país. La verdad no puede ser lo que está sucediendo a la entrada de una ciudad importante como Veracruz, en un país que se precie del Estado de derecho, de garantías individuales y de derechos humanos en general. Realmente, esto contradice todo lo que conocemos de México, es una abominación total. Lo peor es que es a la vista de las autoridades…”, me dijo ayer Lucía Díaz, representante del Colectivo Solecito, en Imagen Televisión.

Y no es para menos, con la definición del fiscal entendemos la dimensión de los hechos: 253 cuerpos encontrados en las más de cien fosas que se hallaron en un mismo predio llamado Colinas de Santa Fe. Según lo que reportó hace unos días Animal Político, sólo dos de todos estos cuerpos han sido identificados; ambos habrían sido funcionarios: Pedro Huesca, ministerio público, y el otro, su secretario, Gerardo Montiel, desaparecidos el 15 de abril de 2013. Los otros 251 cadáveres no tienen nombre ni apellido. Según lo dicho por Lucía Díaz, muchos de estos cuerpos llevarían años enterrados en ese lugar.

“No hay presupuesto para identificar los cuerpos porque el estado —Veracruz— quedó quebrado, pero esperamos que el área científica de la Policía Federal lo pueda hacer, porque ella es la que está trabajando con nosotros. La fiscalía no es la que hace las identificaciones, es desafortunado que el fiscal ande dando declaraciones de algo que no conoce…”, me agregó Díaz. Amén de las diferencias entre los niveles estatal y federal, lo que importa ahora es conocer la identidad de todos los cuerpos. Para muchas familias que buscan a sus desaparecidos, ésta se vuelve una (desgarradora, pero al menos una) ventana de oportunidad para dar por terminada una de las búsquedas más inhumanas que nos podamos imaginar: la de un ser querido. Este caso debe volverse prioritario para el Estado mexicano en todos sus niveles.

ADDENDUM: Sabrá Luis María Aguilar, ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de las arbitrariedades de los magistrados del Quinto Tribunal Colegiado en Materia Penal de la Ciudad de México, así como del Primer Tribunal Unitario y el Tercer Tribunal Colegiado que llevan el asunto de Elba Esther Gordillo y que en tres ocasiones le han negado los amparos para que continúe su sentencia en arraigo domiciliario. Argumentan que cuando fue detenida aún no cumplía 70 años. En otra, porque hay temor fundado de que se puede evadir, como si no hubiera elementos para evitarlo. Nos comentan que el narcotraficante Ernesto Fonseca, Don Neto, fue detenido antes de los 40 años de edad y, cuando cumplió 70, dichos magistrados le otorgaron el amparo para terminar su sentencia en su lujosa residencia. Más claro ni el agua… Seguiremos informando.

Fuente. Excelsior.com.mx