Por Yuriria Sierra
“N”, aunque le seguiremos llamando Rosario Robles. Ya pasó su primera noche en prisión. Amaneció hoy en el Penal de Santa Martha Acatitla. Será así durante los próximos 59 días, a menos que su defensa impugne la prisión preventiva justificada que se le dictó muy temprano este martes. La causa de Rosario comienza su proceso penal, en el que mancha también a Enrique Peña Nieto y a José Antonio Meade; sin embargo, en esta arista, la Fiscalía General de la República encontrará su primera piedra: “El que acusa tiene que probar. Ellos tendrán que probar que la señora Robles no le informó al Presidente o que la señora Robles, dolosamente, evitó, evadió, hacer del conocimiento de circunstancias que, según ellos, tenían conocimiento…”, me dijo Xavier Olea, parte del equipo de defensa de Robles, en entrevista en Imagen Televisión. No es la primera vez que se señala el nombre del expresidente en una causa penal. El expediente de Emilio “N”, el exdirector de Pemex, también lo ha traído a colación. Pero sí es la primera vez que el exsecretario de Hacienda suena en esta investigación, más aun cuando, después de tantos meses de la publicación de la Estafa Maestra, no hubo una sola prueba que condujera a la gestión del también excandidato presidencial, incluso así lo concluyó la Auditoría Superior de la Federación, fue nota durante la campaña presidencial; me lo confirmó también Meade en entrevista en el “medio tiempo” del proceso electoral: “Yo fui secretario de Desarrollo Social (…) hubo observaciones que tuvieron que ver con mi gestión, ninguna de empresas fantasma; esas la ASP las revisa, deslinda responsabilidades, se le da vista a las autoridades y nosotros coadyuvamos en todos los procesos de investigación…”, remató en marzo de 2018.
Lo que habrá que revisar, porque así se ha señalado en varias ocasiones, es que la investigación de la Estafa Maestra, ese monumento criminal documentado por Animal Político y Mexicanos Unidos Contra la Corrupción e Impunidad, tenía una dirección que no resulta desconocida: si bien la defensa de Robles me confirmó que en el expediente al que tuvieron acceso no aparece ninguna referencia a Miguel Ángel Osorio Chong, lo cierto es que ya son varias las veces que el exsecretario de Gobernación es implicado en este esquema de triangulación de recursos con los que se desviaron contratos millonarios. El último, documentado hace apenas unos días por este diario, por un monto de más de 825 millones de pesos, y en donde estarían involucradas dos universidades, una televisora estatal y diversas empresas fantasma con domicilio en el estado de Hidalgo: “En la documentación se observa que durante el periodo 2014-2016, cuando la ASF comenzó a detectar este modus operandi, que la llevó a presentar denuncias penales en los años 2016 y 2017, como en su momento lo informó en exclusiva Excélsior, la influencia política del entonces secretario de Gobernación, Osorio Chong, en Hidalgo, el cual gobernó de 2005 a 2011, era innegable, no sólo porque concluyó su gobierno con una importante fortaleza política, sino por su posición como secretario de Gobernación y su influencia en el entonces gobernador, Francisco Olvera…”, según se leyó en estas páginas.
Viene una nueva denuncia contra Robles, según informó la Unidad de Inteligencia Financiera, tendrá que ser sólida y apuntar a las varias direcciones que siguen los desvíos, porque corren ya los dos meses de plazo que la FGR tiene para defender su causa. De lo contrario, será lo que acusa la defensa de Robles: una acusación indebida del Estado. Una prueba más para la impartición de justicia en esta administración. Información Excelsior.com.mx