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La LXII Legislatura aprobó por unanimidad modificar la Ley de Gestión Integral de Residuos en Yucatán, para iniciar con la eliminación gradual de popotes y bolsas de plástico, así como materiales de unicel, por lo que sería la tercera entidad en la República en materializar estas medidas.
De esta forma se deberá eliminar, sustituir y prohibir los popotes y las bolsas de plástico, en un plazo de 6 meses en los establecimientos comerciales que se encuentren cerca de cenotes, áreas naturales protegidas y reservas ecológicas; en 12 meses, en los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares; así como en un plazo de 18 meses, en los establecimientos dedicados a la venta al mayoreo y menudeo de los productos señalados.
En el caso de los contenedores de poliestireno, se aplicará la medida en un plazo de 12 meses en establecimientos comerciales que se encuentren cerca de cenotes, áreas naturales protegidas y reservas ecológicas; además, en un plazo de 24 meses, en los supermercados, tiendas de autoservicio, farmacias, tiendas de conveniencia, mercados, restaurantes y similares.
En sesión ordinaria de este miércoles, el presidente de la comisión de Medio Ambiente, Harry Rodríguez Botello Fierro (PVEM), advirtió que los desechos de un solo uso son altamente contaminantes y están dañando las diferentes Áreas Naturales Protegidas del Estado, ya sean superficies de competencia federal, estatal o municipal afectando a más del 8% de la superficie total del estado.
Por lo que resaltó, la importancia de que Yucatán, se una a los estados de Hidalgo y Baja California Sur, como los primeros estados del país en legislar para prohibir el uso de popotes, bolsas plásticas y contenedores de unicel, consiguiendo generar una prohibición gradual de estos materiales en cualquier unidad económica.
“Toda ley siempre busca el beneficio de la ciudadanía y esta no es la excepción; evitar la utilización de materiales como el unicel o el plástico en desechables de un solo uso, es un gran paso para la mitigación del daño al medio ambiente, paso que estamos dando de la mano con la ciudadanía, las asociaciones civiles y las cámaras empresariales”, aseveró Rodríguez Botello Fierro.
Manuel Díaz Suárez (PAN), reconoció el esfuerzo y la colaboración del sector empresarial, ya que son generadores de empleos e impulsores de una mejor economía, que se solidarizan y asumen costos y responsabilidades con esta medida.
“Desde luego todas las acciones que desde el gobierno del Ejecutivo y de nosotros, los legisladores que estaremos haciendo por el medio ambiente, no tendrá efecto alguno si no existe el involucramiento y participación ciudadana”, manifestó.
Silvia López Escoffié (MC), señaló que en Yucatán hace falta la cultura de separación de la basura y reciclaje para ir reutilizando, que genera un problema grave en los municipios, como son los basureros a cielo abierto y los rellenos sanitarios.
“Es por esto que debemos empezar a generar esa conciencia ambiental que beneficiaría a todas y todos los Yucatecos y que traerá una disminución en la contaminación y debe ser de mayor relevancia, se actualicen los programas de manejo de recursos para la conservación de diversas áreas naturales ubicadas en mares y costas”, agregó.
Alejandro Cuevas Mena (PRD), refrendó su compromiso como agente de la Sustentabilidad, con el compromiso de impulsar acciones, propuestas e iniciativas como esta, en defensa de los recursos naturales, soberanía alimentaria libre de transgénicos, desarrollo urbano y rural, con visión y planeación sustentable, así como promover la generación y empleo de energías limpias y renovables.
Janice Escobedo Salazar (PRI), indicó que el dictamen también ordena a los 106 municipios que en un plazo de seis meses modifiquen sus reglamentos en materia ambiental para homologarlos con la nueva normatividad, para actuar contra la crisis climática que ya vivimos y que tanto daño está originando al planeta, sobre todo la contaminación derivada del uso desmedido de plásticos de un solo uso, que han afectado al ambiente marítimo, la fauna y la flora.
“Asumimos un acto legislativo congruente y vanguardista, que prevé los mecanismos de participación de los municipios, como una forma de solidaridad normativa con un amplio espectro de corresponsabilidad social”, expresó.
Lactancia Materna
En la plenaria de este día, la LXII Legislatura también aprobó por unanimidad las modificaciones a la Ley de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en materia de lactancia, para considerar como violencia a la comunidad, cuando se le impida a una madre que amamante a su hija o hijo en cualquier lugar público o privado; se interrumpa u obstaculice la lactancia o su extracción, y cuando se le prohíba o condicione la permanencia a un lugar público por motivo de lactancia.
Asimismo, será considerado como violencia, cualquier acción discriminatoria, que prohíba, condicione, limite, desincentive o inhiba la lactancia materna en perjuicio de los derechos y las libertades fundamentales de la mujer y del menor de edad.
Ante la presencia de asociaciones civiles, la promovente de la iniciativa, Karla Franco Blanco (PRI) lamentó que se tenga que legislar para proteger algo tan normal y natural, como es amamantar a un bebé libremente, que se traduce en vida; por ello, se establece que en la “medida de la suficiencia presupuestal” de las dependencias y entidades estatales, así como también de los municipios, se instalen espacios físicos, destinados a lactarios.
“El objetivo principal de la iniciativa, es la libertad de amamantar en público o en privado, sin discriminación, sin inhibir, ni limitar el pleno ejercicio de los derechos y libertad fundamental de la lactancia materna”, recalcó.
Milagros Romero Bastarrachea (MC), mencionó que las madres que dan lactancia en la vía pública o extienden el alimento natural a los 2 años de vida del bebé, enfrentan la discriminación, presiones familiares y sociales, ejemplos que se presentan en situaciones muy frecuentes por la falta de educación y conocimiento del tema de la mayoría de la sociedad.
“Desde el punto de vista de la sociedad, la ignorancia de algunas personas suele dar paso a faltas de respeto y poner en riesgo la integridad de la madre y del menor, así como el pensamiento de las nuevas generaciones que catalogan a esta práctica de lactancia ya no deberían darse en estos tiempos, son algunos de los casos por los que en la actualidad se deja de dar leche materna”, sentenció.
Paulina Viana Gómez (PAN), añadió que la lactancia materna es una práctica que protege a niñas y niños de enfermedades futuras, favoreciendo tanto su crecimiento como su desarrollo intelectual y emocional; por su parte, la madre intensifica el vínculo emocional con su bebé y favorece su bienestar físico y mental.
“Dentro del marco legal internacional y nacional, la lactancia materna es considerada como un derecho y, por tanto, el Estado tiene la obligación de proveer su protección para garantizar la salud, la adecuada alimentación y el desarrollo integral de los lactantes y las madres”.
Por último, Luis Aguilar Castillo (NA) argumentó que es una iniciativa de vida, porque se debe construir una vida democrática y de convivencia en la sociedad, pero no de juicios y críticas ante esta práctica natural.
Iniciativas
En la sesión ordinaria, se turnó a la comisión de Educación, Ciencia y Tecnología la iniciativa para reformar la Ley de Educación, signada por Paulina Viana; a la comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación la iniciativa para derogar el artículo 54 de la Ley de Partidos Políticos, presentada por Movimiento Ciudadano.
A la comisión de Justicia y Seguridad Pública se envió la propuesta para modificar el artículo 74 del Código Penal del Estado, suscrita por Luis Borjas Romero (PRI); por último, a la comisión de Vigilancia de la Cuenta Pública, la iniciativa para modificar la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, propuesta por Alejandro Cuevas.
Por otro lado, el pleno aprobó por mayoría posponer la discusión y votación del proyecto de acuerdo para invitar a la alcaldesa de Baca para explicar asuntos de cobros de impuestos, a propuesta de la misma promovente del tema, Silvia López.
Asuntos Generales
En asuntos generales, Milagros Romero presentó una iniciativa para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Salud del Estado, con el objetivo de establecer criterios más rigurosos para los establecimientos en que expendan bebidas alcohólicas, igual se busca con esta iniciativa coadyuvar a reducir los índices de accidentes de tránsito vehicular por motivos del consumo del alcohol.
En su turno, Lila Frías Castillo (PRI) sugirió una propuesta para considerar la creación de una comisión especial dedicada exclusivamente al cambio climático, la cual tenga atribuciones de manera enunciativa, mas no limitativa; además, Kathia Bolio Pinelo (PAN), reiteró una denuncia sobre daño a manglares en la comisaría de Río Lagartos.
Para finalizar la plenaria, se convocó a la siguiente sesión el próximo miércoles 19 de junio del presente año a las 11 de la mañana.
Ciberacoso
Previamente, en comisión de Igualdad de Género, se solicitó a la Secretaría General la elaboración de dos dictámenes de las iniciativas que reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, una en materia de Violencia Digital de Janice Escobedo Salazar (PRI) y otra sobre Ciberacoso de Paulina Viana Gómez (PAN).
De la primera, se solicitó el producto legislativo para su discusión y votación en la próxima sesión, pero de la segunda, se esperará que se resuelvan las reformas al Código Penal, sobre el mismo tema, en la comisión de Justicia y Seguridad Pública.
Para fortalecer ambas iniciativas, María Moisés Escalante (PRI) presentó un cuadro comparativo para garantizar el derecho de las víctimas mediante la asesoría del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAIP), con respecto al alcance procedimiento para ejercitar el derecho de cancelación establecido en la Ley Federal de protección de datos personales en posesión de particulares.
Además, que el INAIP forme parte del Sistema Estatal para prevenir atender sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en virtud de los casos de violencia digital; al igual que deberá implementar las políticas públicas y acciones concernientes al ejercicio de su derecho de cancelación de datos personales en cualquier plataforma digital y formas de proteger sus datos personales.
